La Comisión Europea advierte a España de que los crecientes problemas de falta de mano de obra que denuncian algunos sectores de la economía pueden mermar el crecimiento de su economía en el futuro. En concreto, Bruselas señala que si no se hace nada y las dificultades persisten puede producirse "un cuello de botella en el crecimiento" que ralentice también la transición digital y verde.
Dos cambios profundos que deberán afrontar las economías europeas en los próximos años, en un contexto en el que la fuerza de trabajo del país está cada vez más envejecida. Así se refleja en un informe publicado recientemente por la Comisión Europea en el que se analiza la convergencia en materia de bienestar social de España frente al resto de los países de la UE. Es decir, para ver si países como España se están acercando o no a los niveles de bienestar social que experimentan la mayoría de Estados de la UE. El documento, publicado la semana pasada, sitúa a España entre los siete países en los que se identifican riesgos para la convergencia social.
Las empresas españolas en sectores como la hostelería, la construcción o el transporte llevan meses quejándose de que no encuentran trabajadores suficientes para desarrollar su actividad en condiciones óptimas. La mitad de ellas denuncian que este problema condiciona su actividad. Así lo reconocen cuando les preguntan en las encuestas que realiza el Banco de España cada trimestre.
Un diagnóstico que el ala socialista del Gobierno también comparte, pero que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos cuestionan porque no ven que se refleje en las estadísticas oficiales de vacantes. Desde el ministerio de Seguridad Social, en manos del PSOE, una de las soluciones a este problema pasa por importar mano de obra extranjera para cubrir esos puestos. Una llegada de migrantes que la jefa de este departamento, Elma Saiz, considera imprescindible para sostener el Estado del bienestar.
En cambio, tanto Trabajo como los sindicatos han señalado en numerosas ocasiones que la solución es que las empresas ofrezcan mejores condiciones laborales y salariales. Además, recuerdan que en España hay todavía alrededor de tres millones de personas desempleadas, el 12% de toda la población activa.
Precisamente, el hecho de que haya empresas que denuncien problemas para conseguir mano de obra en el país con mayor tasa de paro de la UE (dobla la media comunitaria) hace pensar a organismos como el Banco de España que la mayoría de esa bolsa de desempleados es estructural. Es decir, son personas que llevan muchos años en paro y con perfiles de inserción en el mercado laboral complejos.
Por esta razón la Comisión Europea aconseja a España que invierta más en políticas activas de empleo para mejorar la empleabilidad de estas personas. Bruselas reprocha a España la escasa cobertura que ofrecen los Servicios Públicos de Empleo en materia de formación a parados. En 2022 solo cubrió a un 6,6% de estas personas, señala el informe de la Comisión. El gasto en políticas activas de empleo en España, recuerda la Comisión, es más bajo que el de la media de la UE.
Tirón de orejas por la elevada pobreza
La cuestión de las vacantes es uno de los puntos más destacados de este estudio, pero no es el único. En el documento, los técnicos de la Comisión dan todo un repaso a los indicadores de bienestar social del país y llaman la atención sobre varios puntos. Entre ellas, destacan el elevado paro, los problemas de acceso a la vivienda y por encima de todo, la pobreza.
Bruselas se muestra preocupada por las elevadas cifras de pobreza, especialmente en su vertiente infantil, donde España es líder entre los países de la UE. En este sentido, la Comisión advierte de que hay grupos desproporcionadamente afectados por el riesgo de pobreza, como son los padres solteros, las personas con discapacidad, los jóvenes y los extranjeros.
El documento destaca cómo España está lejos de resolver esta situación. El año pasado había en el país 12,6 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión, 400.000 más que antes de la pandemia. Además, la Comisión señala que el sistema de transferencias sociales en España (sin tener en cuenta las pensiones) es poco eficaz a la hora de reducir la pobreza.
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