Bruselas propone dejar suspendidas un año más las reglas de déficit y deuda

El rigor fiscal no volverá a la Unión Europea al menos hasta 2024. Así lo ha certificado la Comisión Europea, que ha decidido prolongar la suspensión de las reglas fiscales de la UE también en 2023. "La Comisión considera que se reúnen las condiciones para mantener la cláusula general de escape en 2023 y para desactivarla a partir de 2024", ha expresado la institución en un comunicado hecho público este lunes.

Bruselas ha argüido que la mayor incertidumbre y los malos augurios en las perspectivas económicas provocadas por la guerra en Ucrania, la brutal escalada de precios de la energía y los problemas que aún persisten en la cadena de suministros justifican prorrogar la suspensión.

Con las reglas paralizadas, señala la Comisión, los países tendrán espacio suficiente "para que la política fiscal nacional reaccione rápidamente cuando haga falta". De esta forma, se asegura una "transición suave" de los estímulos masivos introducidos con la pandemia a un escenario de medidas cada vez más "temporales y dirigidas".

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha expresado que la cláusula de escape ayudará a los países a combatir las consecuencias económicas del conflicto en un momento en el que la economía europea todavía "no se ha normalizado". "A medida que navegamos un nuevo periodo de turbulencias causado por la invasión rusa de Ucrania, los gobiernos deben tener flexibilidad para adaptar sus políticas a desarrollos impredecibles", ha defendido el italiano.

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Las reglas fiscales de la UE exigen a los Estados miembros que mantengan unos niveles de deuda pública inferiores al 60% del PIB y de déficit anual de menos del 3%. En caso de incumplimiento, Bruselas puede exigir a los países díscolos que presenten un plan para encauzar las cuentas. Si no lo hacen (o no es del gusto de la UE) los países se enfrentan a sanciones. 

En 2020 la Comisión decidió suspender estas reglas activando la llamada "cláusula de escape" para que los Gobiernos pudieran aumentar el gasto público para hacer frente a la pandemia. Una medida que se decidió prorrogar también en 2021 y 2022 para no perjudicar el avance de la recuperación económica.

Sin embargo, tras más de dos años conviviendo con el coronavirus, las finanzas públicas de buena parte de los países de la UE han quedado maltrechas. Actualmente, más de la mitad de los Estados miembros tienen una deuda por encima del 60% del PIB y un déficit superior al 3%. 

Reformar o no. Esa es la cuestión

En España, la deuda prácticamente duplica el umbral máximo permitido por las reglas fiscales de la UE, mientras que el déficit previsto para este año es del 5%. De hecho, a juzgar por el Programa de Estabilidad, el Gobierno no espera volver a cumplir con los límites de déficit al menos hasta 2025.

Por ello, son varios los países que apuestan por reformar las reglas fiscales antes de que vuelvan a entrar en vigor a partir de 2024. En este sentido, España ha lanzado una propuesta conjunta con los Países Bajos en la que se apuesta por "estrategias de consolidación específicas para cada país" más allá de los rígidos umbrales tradicionales. Estas estrategias deben ser "realistas, graduales, pero ambiciosas", pero en todo caso "compatibles con el crecimiento económico y la creación de empleo". Además, ambos países creen que se debería tener en cuenta que las transiciones verde y digital requerirán una inversión importante a cargo de los países.

Sin embargo, alcanzar un consenso para reformarlas se antoja complicado. Alemania, la principal potencia económica del bloque, se niega en rotundo a cualquier tipo de modificación. El ministro de finanzas alemán, Christian Lindner, afirmó el sábado en una entrevista concedida al Financial Times que la decisión de extender la cláusula de escape "no debería verse como un precedente o un preludio para reformar las reglas fiscales". No obstante, Lindner reconoció que hay margen para "más flexibilidad" en la forma en que se aplican.

La pelota está en el tejado de la Comisión, que ahora deberá dar su opinión sobre cómo podrían ser esos posibles cambios. La institución espera hacerlo tras el verano, pero con antelación suficiente para que sus argumentos se conozcan antes de 2023.