El Gobierno activa el 'modo ajuste': Hacienda aprieta el cinturón presupuestario para cumplir con Bruselas

El Gobierno ha activado todos los resortes para activar la máquina presupuestaria. El Ejecutivo ha actualizado su cuadro macroeconómico —el pilar sobre el que se construyen las cuentas públicas— y ha señalado a las distintas administraciones del país cuáles son los límites de déficit en los que podrán incurrir en los próximos años. En lo tocante al propio Gobierno se ha fijado un techo de gasto de 195.000 millones, una cifra que representa un 3,2% más que el que adoptó para 2024, que nunca llegaría aplicarse. 

Detrás del maremágnum de cifras y porcentajes que se han dado a conocer estos días el mensaje es claro: ha llegado el momento de abrocharse el cinturón presupuestario. Las nuevas reglas fiscales europeas que entrarán en vigor el año próximo —con la vuelta de las sanciones para los países incumplidores— y la normalización de los ingresos tributarios obligarán a la hacienda pública a hacer más con menos. 

La idea del Gobierno es aprovechar los vientos de cola que soplan sobre la economía española para que el impacto del ajuste sea el menor posible. Aprovechar que las perspectivas de crecimiento económico y de empleo son buenas para reducir los desequilibrios fiscales sin necesidad de caer en los impopulares recortes de gasto de la anterior crisis financiera. 

En palabras de María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, se trata de lograr el equilibrio entre la "estabilidad presupuestaria" y "seguir impulsando el Estado del bienestar". Algo cada vez más difícil a medida que se estrecha el margen presupuestario. En los cuatro años anteriores, este equilibrio ha sido posible sin el yugo de la vigilancia de Bruselas. La Unión Europea dio cuatro años de tregua fiscal para que los países pudieran tirar de chequera para afrontar el impacto de la pandemia y después de la guerra en Ucrania. Pero, con la situación estabilizada, la exigencia ahora es volver al redil presupuestario y equilibrar las cuentas.

Un techo de gasto congelado en términos reales

El techo de gasto que se ha fijado el Gobierno es la prueba de que los tiempos de barra libre de gasto han tocado a su fin. El Ejecutivo aumentará solo un 3,2% el margen de desembolso de cara a 2025. Una cifra que está casi alineada con la inflación prevista para el año próximo, lo que implica, en la práctica, casi una congelación del gasto real. Ese 3,2% está lejos del aumento del 9,3% que el Ejecutivo aprobó para 2024, aunque nunca llegó a aplicarse porque finalmente no hubo cuentas públicas. 

La retirada de las medidas de apoyo anticrisis que todavía han estado vigentes este año (rebaja al IVA de los alimentos, el alivio fiscal a la energía o las ayudas al transporte) facilitarán casi todo el ajuste comprometido para 2025. Los ingresos tributarios seguirán creciendo también el año próximo, aunque lo harán un 5,6%. Una cifra notable, pero que es claramente inferior al 9% previsto para 2024 o a los dobles dígitos que se vieron en 2021 y 2022.

Pero los ajustes se irán haciendo cada vez más difíciles a partir del año próximo. La economía se desacelerará ligeramente y el margen para reducir el gasto sin tocar partidas clave se irá estrechando. Los objetivos que ha fijado el Gobierno para todo el país son ambiciosos. El conjunto de las administraciones no podrá aumentar su gasto por encima del 3,3% en 2026 y del 3,4% en 2027. 

El Gobierno sostiene que esas cifras serán suficientes para cumplir con las exigencias de Bruselas, algo que todavía no está claro. Precisamente, este miércoles la Airef —la autoridad fiscal independiente que evalúa el estado de las finanzas públicas del país— publicará un informe en el que valorará este asunto. Aunque la última palabra la tiene la Comisión Europea, que valorará un plan fiscal que España debe entregar a la vuelta de vacaciones. 

Hacia un déficit no visto en 17 años

Aunque la Comisión Europea mide el cumplimiento de los objetivos en términos de gasto primario compensado de medidas de ingresos, el ajuste que ha diseñado el Gobierno se plasma también en una senda de déficit. El Ejecutivo plantea que la diferencia entre ingresos y gasto público de todo el país se sitúe en el 2,5% del PIB en 2025, para después disminuir al 2,1% en 2026 y hasta el 1,8% en 2027. 

Estas cifras son exigentes, sobre todo si se tiene en cuenta los antecedentes de la economía española desde la gran crisis financiera de 2008. La última vez que la hacienda española registró un resultado mejor al 2,5% previsto para el año que viene fue en 2007, cuando el país cerró con un superávit del 1,9% en una economía dopada por un sector inmobiliario hipertrofiado. España nunca ha sido capaz en la historia reciente, salvo en los tiempos de la burbuja, de mantener un déficit bajo de forma continuada.