Hacienda estudia un impuesto a Airbnb o Uber y bajará el IVA a tampones y compresas

El Gobierno estudia introducir un impuesto especial para empresas de "economía colaborativa" de los sectores del transporte y del alojamiento en los Presupuestos Generales del Estado par 2019, donde se reducirá el IVA para productos de higiene femenima como tampones y compresas, que pasarán a gravarse de un 10% actual al tipo superreducido del 4%.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expuesto este jueves en el Senado algunas de las novedades en materia fiscal que incluirán las cuentas de 2019 que de momento el Gobierno negocia con Unidos Podemos y que espera que después sean apoyados por otros grupos políticos.

Montero ha agradecido las aportaciones de Podemos en la negociación presupuestaria, con quien sin embargo ha apuntado como principal "discrepancia" el impuesto a la banca, que los de Pablo Iglesias reclaman. Su senador Ferrán Martínez ha reprochado este jueves a la ministra que "ahora que están en el Gobierno parece que dan marcha atrás".

Según ha explicado Montero, el Gobierno descarta el impuesto a la banca, a menos en los Presupuestos de 2019. "Hemos preferido incrementar por otras figuras en Sociedades o transacciones financieras. Queremos ver cómo se comporta en 2019 y no descartamos que si no se comporta de manera adecuada acudir a otra figuras".

Más difícil tendrá el Gobierno incluir en el acuerdo presupuestario al PDeCAT, cuyo senador Josep Lluís Cleries ha adherido plenamente a este grupo al ultimatum que lanzó el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha advertido de que "dependerá del camino que se haga no sólo en el tema de los Presupuestos, com ayer muy bien dijo el president Torra"

"Nosotros nos debemos al Govern catalán y Govern catalán tendrá al PDeCAT a su lado, digan lo que digan hoy los periódicos", ha insistido Cleries.

Al margen de las dificultades del Gobierno para recavar los apoyos políticos suficientes a sus Presupuestos para 2019, Montero ha explicado que va a estudiar "un tratamiento fiscal adecuado" para el "no tan reciente fenómeno de la economía colaborativa". Se ha refereido en especial a "los sectores de alojamiento y transporte".

Montero no se ha referido a ninguna compañía en concreto, pero en su intervención ante los senadores ha descrito la situación que provocan en la actualidad Uber o Cabify frente al sector del taxi o Airbnb y otras plataformas de alojamiento frente a hoteleros tradicionales.

"Hay plataformas dedicadas a este servicio que generan miles de millones y no tributan de manera adecuada, porque la fiscalídad actual no reconoce este tipo de actividad y entran en competencia con sectores tradicionales", ha dicho.

Otra de las novedades que ha señalado en materia fiscal tiene que ver con la "igualdad de género" porque, ha afirmado, "la  tiene que ver con la fiscalidad de productos femeninos. Según ha explicado,  la "intención del Gobierno" es gravar tampones y compresas como un bien de primera necesidad, de manera que pasarán de tener un IVA del 10% al 4%.

Asimismo, ha adelantado que el Ministerio de Transición Energética está estudiando una "fiscalidad medioambiental para combatir los daños" que dan lugar al cambio climático, algunas de las cuales, ha dicho, también se recogerá en el proyecto de ley de Presupuestos de 2019, que el Gobierno querría presentar a finales de noviembre o diciembre.

De momento, Montero se ha referido al impuesto al diésel ya anunciado, de manera que "se deje de primar los beneficios que aporta la venta de diésel con respecto a la gasolina".

La minitra ha insistido en que esta armonización de la tributación de los distintos hidrocarburos no afectará a los profesionales del sector y a autónomos cuya actividad dependa del transporte.

Por otra parte, Montero ha explicado que el Gobierno quiere subir el IRPF a las personas que ingresan "140.000 o 150.000" euros al año, en ligera diferencia con Unidos Podemos, que quiere que la subida se produzca a partir de los 140.000 euros.

En contra de las acusaciones de que el Gobierno quiere perjudicar a las clases medias con esta subida del impuesto sobre la renta, la ministra ha insistido en que este sueldo bruto anual "no representa a la clase media o trabajadora".

"El suedo más habitual de nuestro país es de 16.497 euros brutos anuales", ha señalado Montero.

En relación al Impuesto de Sociedades, Montero ha señalado que los Presupuestos incluirán la obligación para las grandes compañías paguen un tipo efectivo del 15% "y no puedan valerse de el elevado número de bonificaciones y exenciones" que, según la ministra, hace que en algunos casos paguen menos impuestos que empresas menores y con beneficios menores.

Montero ha citado la Hoja de Recaudación de la Agencia Tributaria para señalar que empresas que facturan por debajo de los 8 millones de euros "tienen una fiscalidad efectiva superior a los grandes grupos empresariales con beneficios que superan los 8 y 10 millones".

Sin concretar más, Montero ha afirmado que "vamos a estudiar" un impuesto a las transacciones financieras en línea con Europa.

Por lo que respecta al impuesto sobre las tecnológias, a las grandes multinacionales de la tecnología, la ministra también se la limitado en señalar la importancia de que haya "cierta coherencia y homogeneización" en toda Europa.

Este tributo ya fue apuntado por el anterior Ejecutivo y es el único en el que este jueves Montero ha encontrado el acuerdo del senador del PP Guillermo Martínez Arcas, con quien ha mantenido el encontronazo de lejos más acusado en su comparecencia. "Pero háganlo de manera armonizada, no a lo loco", le ha pedido a la ministra.

En ambos impuestos, a las transaccinoes financieras y a las tecnológicas, el Gobierno quiere que la UE legisle y que, después, España "transponga las directivas europeas" a su legislación.

Antes de presentar el proyecto de ley de Presupuestos, el Gobierno debe aprobar el techo de gasto, un proceso que está resultando muy complicado debido a la oposición de PP y Ciudadanos al paso previo que quiere dar el Ejecutivo para que el Congreso apruebe su plan, que contaría con 6.000 millones más para gastar, gracias a un acuerdo con la Comisión Europea para flexibilizar el cumplimiento de los objetivos de déficit hasta 2021.

Esto sería factible si prevaleciera la opinión del Congreso, donde una mayoría está a favor. Sin embargo, no ocurre así porque en el Senado, el PP ya ha adelantado su voto negativo con su mayoría absoluta, que el Gobierno quiere derribar modificando la ley de Estabilidad Presupuestaria, algo a lo que se oponen populares y Ciudadanos.

Montero les ha reprochado una actitud que, ha dicho, "sólo entiendo desde el peor, mejor" y les ha instado a explicar por qué rechazan un techo de gasto que aportaría 6.000 millones más para gastar. "Aún así hay quien se opone y tendrá que explicarlo, la gente tiene que entender por qué no es favorable al interés general y por qué hay formaciones que bloquean de forma sistemática".

Aunque ha admitido no saber cómo podrá desbloquearse la situación, ha garantizado que "no vamos a hacer dejación de nuestras responsabilidades porque algunas formaciones se empeñen en derribar al Gobierno".

"No tiene nada que ver con el endeudamiento, el PP siempre ha sido mal perdedor", ha dicho.

Además de aprobar la senda de déficit, el Gobierno deberá encontrar una mayoría, al menos en el Congreso, para sumar una mayoría absoluta, de 176 diputados, a sus Presupuestos. De momento, sólo negocia formalmente con Unidos Podemos y confía después en poder subir al acuerdo a otras formaciones políticas.

La senadora del PNV María Dolores Etxano ha señalado este jueves que "suena bien su discurso" sobre medidas entre las que Montero también ha includo, por ejemplo, la lucha contra el fraude fiscal. No obstante, también ha alertado de otros planes, como el impuesto al diésel.

La senadora vasca se ha mostrado dispuesta al diálogo y ha pedido que el Gobierno extienda los contactos más allá de Podemos a "reuniones multipartitas para ver qué podemos aportar desde distintas sensibilidades".

Por lo que respecto a otros dos partidos necesarios para conformar una mayoría suficiente, PDeCAT y ERC, los dos socios del gobierno en Cataluña han dejado claras sus diferencias sobre si la autodeterminación debe o no condicionar los Presupuestos. El PDeCAT ha hecho suyo el ultimátum de Torra mientras que ERC está abierto a la negociación.

Con quien no espera negociar el Gobierno es con el PP. Este jueves, el mayor rifi rafe de toda la comparencencia ha tenido lugar entre la ministra y el senador popular Guillermo Martínez Arcas. Lo que ha empezado con la defensa de este segundo de la política económica del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha provoado un furibundo rechazo por parte de Montero, ha derivado en un intercambio de acusaciones entre ambos sobre dos concepciones de la economía y, por tanto, de la política.

Martínez Arcas ha advertido a Montero de que sus planes presupuestarios encierrarn la "peligrosa deriva con sus socios de Gobierno en la que pretenden disparar el gasto público".

Por el contrario, ha dicho Martínez Arcas, para el PP, "el dinero, donde mejor está es en el bolsillo del contribuyente".

En su exposición inicial, Montero ya había marcado una diferencia abismal con este planteamiento afirmado que el objetivo del Gobierno no sólo es aumentar los ingresos vía impuestos, sino mejorar los servicios púbilcos de tal manera que los contribuyentes se sientan "orgullosos" y estén dispuestos a "seguir pagando impuestos".

"El problema", ha dicho la ministra, "es que para el PP el gasto público es un problema en sí".