La Justicia belga ha autorizado el embargo de 32 millones a España por los impagos de las renovables y su cobro por parte del fondo estadounidense Blasket Renewable Investments. En concreto, los tribunales belgas siguen los pasos de los británicos y autorizan el embargo de los ingresos que obtiene España a raíz de la gestión de control de su tráfico aéreo, informaron en fuentes jurídicas.
Estos pagos, transferidos mensualmente por Eurocontrol a la empresa pública Enaire, pasarán así ahora a manos de una de las compañías afectadas por el impago de 26 laudos que condenan a España a indemnizar con 1.560 millones de euros a las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas a las renovables.
Los tribunales británicos ya han reconocido en el pasado la existencia de estas deudas y han autorizado el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres, la oficina británica de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, cuatro cuentas bancarias o el derecho de cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorado en más de 900 millones de euros.
En esta nueva decisión, la Justicia belga responde a una petición presentada originalmente ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas y resuelta finalmente por la sala 17 de la Corte de Apelaciones de Bélgica. Esta ha emitido un fallo con fecha del 18 de junio mediante el cual se autoriza el embargo reclamado por Blasket Renewable Investments, una de las 26 empresas afectadas por los impagos, titular del caso Infrared.
En su decisión, el juez Degreef señala que los artículos 1.412 y 1.539 del Código Penal belga abren la puerta al embargo de activos de terceros países. Así, este mecanismo ha sido invocado por los acreedores para solicitar el embargo de los ingresos que recibe España en virtud de las tarifas de control del tráfico aéreo que Eurocontrol canaliza mes a mes en sus pagos a la empresa pública Enaire.
España, susceptible del embargo
En su fallo, el juez concluye que "el demandante tiene un derecho de cobro que hace a España susceptible de sufrir el embargo reclamado" y considera asimismo que "no hay duda de que a España se le ha ordenado realizar los pagos correspondientes derivados de procedimientos plenamente ejecutables".
Por su parte, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indicaron que España no ha sido notificado de dicho intento de ejecución en Bélgica por el fondo americano del laudo arbitral.
Contra la decisión de la justicia belga
No obstante, subrayaron que, para su defensa, España "se opondrá a la decisión judicial belga, dictada en un procedimiento en el que este país no ha sido parte, por contravenir la normativa europea en materia de Ayudas de Estado, así como por la inembargabilidad de los derechos de crédito que Enaire ostenta frente a Eurocontrol, organización internacional".
Además, consideraron que el fondo americano, contraviniendo el Derecho de la Unión Europea en materia de Ayudas de Estado y con pleno conocimiento de la obligación de España de no efectuar ningún pago derivado de los laudos impuesta por la Comisión Europea, ha solicitado la ejecución del laudo a las autoridades jurisdiccionales belgas. Instando además al embargo de los derechos de crédito que Enaire, entidad encargada de prestar servicios de navegación aérea, ostenta frente a Eurocontrol, organismo internacional.
La deuda acumulada por España con la empresa denunciante asciende a 32 millones de euros. El laudo original ascendía a 28 millones de euros, pero desde entonces se han acumulado cuatro millones de euros adicionales, debido a los intereses de demora. Además, España ha tenido que pagar más de 4,6 millones de euros por este mismo caso en concepto de condenas en costas. En total, la factura acumulada por esta disputa rondaría los 41 millones de euros, según las mismas fuentes.
Las 26 empresas de energía renovable afectadas por los impagos han revelado que la suma de la compensación, intereses y costos legales se sitúa actualmente alrededor de los 1.800 millones de euros.
Además de los embargos aprobados por los tribunales británicos y belgas, España afronta asimismo con la amenaza de la activación de un procedimiento de incumplimiento técnico de deuda ('default' técnico) que podría afectar a cuatro títulos de deuda pública.
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