La senda de déficit planteada por el Gobierno como base sobre la que elaborar los Presupuestos Generales del Estado se ha topado este miércoles por segunda vez con el rechazo del PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado. El plan alternativo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para poder aprobar las cuentas públicas pasa por tomar como referencia los objetivos de estabilidad enviados a la Comisión Europea en abril de 2023, más restrictivos que el plan del Gobierno, lo que hará que las comunidades tengan para gastar en 2024 casi 1.500 millones de euros menos de lo inicialmente previsto.
De acuerdo al Programa de Estabilidad enviado el año pasado a Bruselas, las comunidades autónomas tendrán que cerrar el año en equilibrio presupuestario -es decir, los gastos no podrán superar los ingresos-, frente al déficit del 0,1% del PIB rechazado ahora por el PP. La obligación de ajustar las cuentas se traduce en que Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana tendrán respectivamente 284, 277, 196 y 137 millones de euros menos para gastar este año.
Estas cuatro comunidades, que son las de mayor PIB, concentran el 61,4% de los 1.457 millones de euros menos de margen que los Gobiernos autonómicos tendrán para financiar sus políticas y servicios públicos en materias como sanidad o educación. En el caso del País Vasco, Galicia, Castilla y León y Canarias, la merma en la capacidad de gasto es de entre 86, 76, 70 y 53 millones respectivamente. También en Castilla-La Mancha la cuantía supera ligeramente los 50 millones, mientras que en Aragón se sitúa en torno a los 45 millones.
El veto del Senado y la alternativa que maneja el Ejecutivo afectan por igual a todas las comunidades, ya que la cuantía en la que verán reducirse su capacidad de gasto respecto al planteamiento del Ejecutivo es proporcional a su PIB de 2023. La Rioja, Cantabria, Extremadura y Navarra son las regiones que menor riqueza generan a nivel nacional y, por tanto, también aquellas en las que el ajuste será menos abultado en términos absolutos -por debajo de los 25 millones de euros-, aunque supondrá el mismo esfuerzo en términos relativos. Por su parte, en Asturias el monto asciende hasta los 28 millones y en Murcia y Baleares ronda los 39 millones.
También los ayuntamientos se verán perjudicados por la caída de la senda fiscal en el Senado, ya que, al igual que las comunidades, elaboran sus presupuestos a partir de los objetivos marcados a nivel nacional. En su caso, el Gobierno había planteado un escenario de equilibrio presupuestario para las entidades locales que ahora será sustituido por un superávit del 0,2% del PIB. Es decir, los ayuntamientos tendrán que cuadrar sus cuentas para obtener un balance positivo. Este ajuste supondrá reducir su capacidad de gasto en 2.924 millones de euros en 2024 con respecto al planteamiento inicial del Ejecutivo.
El PP defendió este miércoles su rechazo a la senda de déficit en la Cámara Alta. "El Senado cierra las puertas al abuso de poder y se pone al lado de los españoles diciendo no, por segunda vez, al objetivo de estabilidad", argumentó la senadora popular, Eva Ortiz Vilella, durante el debate.
Montero, por su parte, advirtió de que el rechazo del PP no impedirá que el Gobierno presente su proyecto de presupuestos para 2024 en las próximas semanas. La titular de Hacienda justifica con base en un informe de la Abogacía de Estado su plan B de tomar como referencia los objetivos fiscales remitidos a la Comisión Europea en el Programa de Estabilidad, al amparo de los cuales el conjunto de Administraciones Públicas tendrán que reducir al 3% su déficit.
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