Las pensiones contributivas subirán un 3,8% el año que viene, en línea con la media de la inflación que se ha registrado en los últimos doce meses. El INE ha publicado este miércoles el dato de Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondiente a noviembre, la última cifra que faltaba para terminar de concretar la dimensión de la revalorización.
Un alza del 3,8% implicará una subida en la pensión media del sistema de unos 45,5 euros al mes. Actualmente, la prestación promedio asciende a 1.198 euros mensuales en 14 pagas. En el caso de las jubilaciones, la prestación media se revalorizará en 52 euros mensuales y pasará, de esta forma, de los 1.378 euros al mes actuales a 1.430 euros el año que viene. No obstante, como en 2024 seguirán entrando más personas en el sistema con pensiones más elevadas, previsiblemente las medias subirán algo más.
Otra de las incógnitas que se despeja con el IPC de noviembre es el importe de la pensión máxima, también vinculada a la inflación. Esta prestación se elevará desde los 3.059 euros mensuales actuales en 14 pagas hasta 3.175 el año próximo (116 euros más). En la misma línea, las bases máximas de cotización se incrementarán desde los 4.495,5 euros actuales hasta 4.720 en 2024. La parte del salario de un trabajador que supere esa cuantía está exenta de cotizar.
Además, las pensiones no contributivas —aquellas que no exigen haber cotizado a la Seguridad Social para poder percibirse— aumentarán un 6,8%, en línea con lo establecido en la reforma aprobada por el Ejecutivo en marzo de este año. Este porcentaje de subida se aplicará también a la pensión mínima contributiva y al ingreso mínimo vital.
De esta forma, la pensión no contributiva individual de jubilación se situará en 517 euros mensuales en 14 pagas (33 euros más que en 2023); el ingreso mínimo vital para un adulto sin cargas se elevará hasta 604 euros mensuales en 12 pagas (38 euros más) y la pensión mínima contributiva de jubilación con cónyuge a cargo crecerá hasta los 1.032 euros al mes en 14 pagas (66 euros más al mes).
Ahora que ya se sabe la dimensión de la subida de las pensiones, el Gobierno deberá oficializarla a través de un real decreto que se publicará previsiblemente en diciembre, cuando el dato de inflación de noviembre sea definitivo. Además, el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones suele enviar una carta a los pensionistas en enero en la que les informa de cómo queda su prestación tras la revalorización.
El incremento de todas las prestaciones, de la pensión máxima y de las bases de cotización deberá quedar reflejado en los Presupuestos Generales del Estado, donde el Gobierno detallará también el coste de la revalorización. Si se aplican los baremos que utiliza el Banco de España, que estima que por cada punto de la inflación el gasto aumenta en 1.800 millones de euros, el coste de la revalorización rondará los 6.840 millones.
El poder adquisitivo de los pensionistas está blindado por ley desde diciembre de 2021, de tal forma que las prestaciones se revalorizan siempre con la inflación. Sin embargo, esto no siempre fue así. En 2011 el Gobierno congeló todas las pensiones salvo las mínimas y no contributivas para recortar gastos en plena crisis financiera. En 2013 se introdujo un mecanismo que limitaba las revalorizaciones a un 0,25% mientras la Seguridad Social estuviera en déficit.
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