Los grandes bancos españoles sufren fuertes caídas en Bolsa tras el nuevo impuesto a sus beneficios anunciado por Sánchez

La Bolsa española ha vivido una jornada turbulenta marcada por el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de introducir dos nuevos impuestos especiales para limitar los "beneficios extraordinarios" de los grandes bancos y las principales empresas energéticas durante los próximos dos años. Una medida con la que el Ejecutivo aspira a recaudar 7.000 millones en los próximos dos ejercicios. 

Los mercados han recibido las palabras de Sánchez con fuertes caídas en la cotización de los principales bancos del país, que llegaron a dejarse hasta un 12% de su valor, arrastrando consigo al Ibex 35. Al filo de las dos y media de la tarde, el Ibex se desplomaba un 2,1% y se situaba por debajo de los 7.900 puntos. Sin embargo, tras el shock inicial, la Bolsa ha recuperado parte del terreno perdido y ha logrado amortiguar la caída hasta el 0,6%, recuperando los 8.000 puntos al cierre de la sesión.

Los números rojos han estado protagonizados por los bancos, aunque al final de la sesión también se han sumado algunas energéticas. Caixabank ha liderado las caídas con un desplome del 8,2%, seguido por Sabadell, que cerraba la sesión con una bajada del 7,1%. Por su parte, Bankinter concluyó con una caída del 4,5%, mientras que Santander y BBVA lograban amortiguar más la bajada y perdían un 3,8%.

En el lado de las grandes empresas energéticas, la petrolera Repsol se ha llevado la peor parte, con una fuerte caída al cierre del 5,4%. La fotovoltaica Solaria ha sufrido también pérdidas importantes con una bajada del 4,2%. Sin embargo, entre el resto de energéticas cotizadas, las pérdidas han sido mucho más discretas. Endesa se dejaba un 1,1%, Naturgy un 1% y Enagás un 0,9%, mientras que Acciona perdía un 0,8% e Iberdrola un 0,5%.

Las pérdidas entre las eléctricas y gasistas han sido bastante más moderadas, un hecho claramente condicionado porque el Gobierno ya había manifestado semanas atrás su intención de introducir un tributo a los beneficios de estas empresas.

El discurso que ha pronunciado Sánchez durante su intervención inicial en el Debate sobre el estado de la Nación no ha gustado a los inversores, que se han lanzado a vender sus participaciones en los bancos ante el temor a perder beneficios. 

En concreto, el presidente ha manifestado que el Gobierno "no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría". Además, ha pedido a las grandes empresas que canalicen esos beneficios extra hacia los trabajadores y los consumidores y no a los sueldos de los altos directivos. "Los dividendos y los beneficios de las grandes entidades financieras en 2021 y 2022 son extraordinarios", ha subrayado Sánchez.

La Bolsa española ha sido la única entre los grandes selectivos europeos que han cerrado en números rojos. Tras una mañana en la que las bolsas europeas registraban ligeras pérdidas, los mercados de valores se han ido recuperando a lo largo de la tarde. Así, el DAX alemán cerraba con una subida del 0,6%, el FTSE 100 británico se alzaba un 0,2% y el CAC francés repuntaba un 0,8%.

Dos impuestos especiales para recaudar 7.000 millones

Los dos impuestos especiales y temporales que ha anunciado Sánchez desde la tribuna en el Congreso forman el núcleo de las propuestas económicas para mitigar la elevada inflación que el Gobierno ha presentado este martes en el Parlamento.

El Gobierno ya barajaba desde hacía semanas un tributo a las grandes empresas energéticas (eléctricas, gasistas y petroleras). Este impuesto estaría en vigor entre 2023 y 2024 y gravaría los beneficios obtenidos por estas firmas entre 2022 y 2023. Con esta figura, el Ejecutivo espera obtener 4.000 millones en dos años.

El segundo es un impuesto sobre los beneficios de las grandes entidades de crédito para evitar que se beneficien de las subidas en los tipos de interés oficiales que están llevando a cabo los bancos centrales de todo el mundo. La creación de este tributo, que el Gobierno ha revelado este martes, es la que ha pillado a contrapié a los inversores, que se han lanzado a vender sus participaciones en entidades bancarias. El Ejecutivo espera recaudar 3.000 millones de euros en los próximos dos años por este tributo.