El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado este miércoles que el Gobierno trabaja en una enmienda para modificar la Ley de Propiedad Horizontal con el objetivo de que la apertura de nuevos pisos turísticos tenga que contar con la autorización previa de tres quintas partes de los vecinos del edificio. Se trata de "empoderar" a las comunidades de vecinos para poner coto a esta creciente fórmula de alojamiento, según ha señalado Cuerpo y había anunciado ya a finales de junio la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
"Queremos que sea necesaria la autorización de los vecinos, con unas mayorías de tres quintos, para que se puedan instalar estos pisos, de tal forma que consigamos ir poniendo un elemento de racionalidad en el auge de este tipo de pisos", ha explicado el ministro de Economía en una entrevista en RNE, donde ha recordado el planteamiento puesto sobre la mesa por Vivienda. En concreto, el ministro de Economía ha señalado que el Ejecutivo trabaja ya en una enmienda a la Ley de Propiedad Horizontal para introducir este cambio.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya dijo hace un mes estar estudiando la posibilidad de modificar esta norma para dar más poder a las comunidades de vecinos. Actualmente la ley ya condiciona la apertura de un piso turístico al voto favorable de tres quintas partes del total de propietarios, que han de representar a su vez tres quintas partes de las cuotas de participación.
No obstante, desde el Gobierno consideran que la redacción actual de la norma no es suficientemente clara a la hora de exigir la autorización previa de los vecinos, de ahí su voluntad de modificarla. "No es taxativa. Dice poder 'limitar o condicionar', no impedir o prohibir", explicó Rodríguez al respecto en una entrevista a 20minutos. A principios de mes la titular de Vivienda ya anunció una ronda de contactos con los distintos grupos políticos para recabar los apoyos parlamentarios que permitan al Ejecutivo sacar adelante el cambio en la Ley de Propiedad Horizontal.
El objetivo es promover una mayor implicación de los vecinos para que sean ellos quienes permitan o no que una vivienda de su edificio se explote como piso turístico. El Gobierno se apoya en dos sentencias del Tribunal Supremo que respaldan la capacidad de veto de los vecinos, al considerar los pisos turísticos como una actividad económica.
Desde el Ejecutivo sostienen que la proliferación de pisos turísticos está colisionando con el derecho y el acceso a una vivienda digna, al limitar la oferta de alquiler residencial y, en consecuencia, elevar los precios. Ante esta situación, el ministro de Economía ha defendido este miércoles la capacidad del Gobierno para tomar medidas en materia de viviendas turísticas, aunque ha reconocido que se trata de un ámbito de competencias compartidas con comunidades autónomas y ayuntamientos.
La ministra de Vivienda se reunión precisamente con los consejeros autonómicos del ramo a finales de mayo para abordar este asunto en una Conferencia Sectorial en la que el Gobierno pidió colaboración a las comunidades para recopilar datos al respecto y poner en marcha antes de que acabe 2025 una plataforma estatal que agrupe información sobre pisos turísticos. Esta iniciativa procede de un reglamento aprobado recientemente por la Unión Europea y pretende facilitar la persecución de las viviendas turísticas fraudulentas.
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