Los pensionistas y el IPC

Las cuentas se disparan. La tasa de inflación del 9,8% registrada en marzo en España fue la más elevada desde 1985. Un problema que teníamos casi olvidado y que, a diferencia de lo ocurrido entonces, no afecta solo a nuestra economía, ya que Estados Unidos con un 8,5% y el conjunto de la Eurozona con un 7,5%, aunque algo menores, están en niveles no alcanzados en décadas. Incrementos de vértigo derivados de una crisis energética que ya venía marcada por el subidón de la demanda, tras los meses duros de la pandemia, y que el ataque de Putin a Ucrania ha agravado.

Los expertos consideran que el hecho de que tan elevada inflación se fundamente en el aumento de las materias primas es menos lesivo que si fuera la consecuencia de un crecimiento de los salarios y de los márgenes empresariales de beneficios.

La marcha de nuestra economía dependerá en gran medida de lo que tarde en recuperarse la normalidad perdida

Los precios del gas y del petróleo, que dispararon la electricidad y los costes de producción, son muy volátiles y el final de la guerra y una normalización del mercado energético podrían hacerlos bajar con igual radicalidad con que subieron.

La marcha de nuestra economía, como en medio mundo, dependerá en gran medida de lo que tarde en recuperarse la normalidad perdida, pero, de momento, la situación ya ha obligado al Banco Central Europeo a retirar los estímulos monetarios y aumentar los tipos de interés, si bien de forma menos acentuada que la Reserva Federal.

Para las cuentas del Estado español, la subida del IPC supone un alto incremento de la recaudación que la Agencia Tributaria cifra en 7.500 millones solo en los dos primeros meses del año y que, los cálculos de la Autoridad Fiscal, elevan hasta los 18.000 millones a finales del 2022 por la inflación. Basándose en esos números, el nuevo presidente del PP mandó elaborar un plan económico con la pretensión de marcar la diferencia con el anterior equipo, donde había más protestas que propuestas. Un plan solo para unos meses y con la publicitada intención de devolverle a la gente, vía rebaja de impuestos, ese dinero recaudado de más. El barniz socialdemócrata de alguna de las medidas, como la ayuda directa de 200 a 300 euros a las familias que ingresen menos de 14.000 euros al año, trata de proyectar una oferta de centro.

El Gobierno se manifiesta en desacuerdo con tocar el marco fiscal para no desfasar aún más las cuentas públicas ni estimular la inflación y, por tanto, el plan de Alberto Núñez Feijóo se queda en una mera exposición de lo que él haría si gobernara en España, lo que por sí solo ya constituye un avance sobre anteriores estrategias fundamentadas en la bronca.

En la misma línea de lo expuesto cabe destacar la determinación con que Núñez Feijóo saca las pensiones del debate de la inflación. El líder popular considera que el tema no ha de salir de lo acordado en el pacto de Toledo y que tampoco ha de ser causa de confrontación política.

A pesar del impacto presupuestario que la revalorización supone, ningún partido parece dispuesto a discutir

Lo allí pactado fue que las pensiones se revaloricen según el IPC para que en ninguna circunstancia pierdan poder adquisitivo quienes por su edad no tienen ya capacidad de recuperarlo. Las previsiones de inflación para el año en curso, aunque sujetas a las variables antes referidas, se sitúan en torno al 6,8%, lo que vendría a suponer un gasto adicional para el sistema superior a los 10.000 millones de euros, a no ser que opten por aplicar la inflación subyacente, como propone Fedea.

A pesar del impacto presupuestario que la revalorización supone, ningún partido parece dispuesto a discutir una actualización que mantenga la capacidad adquisitiva de 9 millones pensionistas. Todos saben que los jubilados son una fuerza electoral determinante.