No hay casi administración pública en España que vaya a cumplir la regla que fija por ley el porcentaje que se puede incrementar el gasto público de un año para otro. Tanto el Estado central, como los ayuntamientos y las comunidades autónomas superarán el límite de 2,6% que, según estima la Airef, deben cumplir todas las administraciones del país para cumplir con las reglas fiscales. En lo que respecta a las autonomías, el aumento previsto en los desembolsos se sitúa en el 6,7%, una cifra que duplica con creces el máximo permitido. Tanto es así que hay 15 comunidades autónomas que duplicarán (o superarán en tres o hasta cuatro veces) ese umbral.
Así se refleja en las últimas previsiones que ha elaborado la Airef, la autoridad fiscal independiente creada a petición de Bruselas durante los años duros de la crisis para vigilar las finanzas públicas del país. Las 17 comunidades autónomas incumplirán (y, además, de lejos) el máximo permitido por la ley de estabilidad.
Las que más se alejarán del objetivo serán, según los cálculos de la autoridad fiscal, Baleares, Cantabria y Navarra. En todas ellas está previsto que el gasto público aumente por encima del 10% este 2024. Después, aparecen Galicia (9% de incremento), Asturias (8,9%), Canarias (8,5%), Extremadura (7,8%) o Murcia (7,8%), donde los desembolsos crecerían más del triple de lo permitido.
En Comunidad Valenciana (7,5%), Castilla-La Mancha (6,5%), Cataluña (6,4%), La Rioja (6,3%), Castilla y León (6%), Aragón (5,2%) y Madrid (5,2%) el incremento del gasto dobla el umbral que no se puede superar en la ley de estabilidad. Solo en Andalucía (4,7%) y País Vasco (4,2%) los desembolsos no llegarán a duplicar el límite, aunque se situarán también muy lejos del 2,6%.
Es importante puntualizar que el gasto se mide en términos netos de medidas compensatorias de ingresos y no incluye partidas como el desembolso cíclico en desempleo, los intereses de la deuda o los fondos europeos. Por ejemplo, las subidas (o las bajadas) de impuestos que deciden las comunidades autónomas dan más margen (o menos, en el caso de las rebajas fiscales) para gastar.
Euforia por la liquidación de 2024
La autoridad fiscal lleva meses advirtiendo de que la lluvia de ingresos que van a recibir las autonomías y las corporaciones locales este año puede incentivar a estas administraciones a tirar de chequera por encima de lo recomendable. Y, como ha señalado también a menudo este organismo, estos gastos suelen venir para quedarse, aunque los ingresos que los respaldan desaparezcan.
El Gobierno aprobó unas entregas a cuenta récord de 134.658 millones de euros en 2024 solo para las autonomías. Esta es la cifra que Hacienda estima que se recaudará en impuestos este año y que corresponderán a las comunidades. Pero es que, además, la administración regional recibirá 20.746 millones de euros por la liquidación favorable del sistema de financiación de 2022. En total, contarán con unos recursos de 154.000 millones para este año.
Con esa munición fiscal, la mayoría de las autonomías no tendrán problemas para cumplir el límite de déficit público, fijado en el 0,1% del PIB. Al margen de Comunidad Valenciana y Murcia (que son las autonomías más perjudicadas por el sistema de financiación autonómica), donde la Airef espera un déficit superior al 1,5% del PIB, el resto no se quedarán muy lejos o cumplirán con creces. El conjunto de las autonomías cerrará con un déficit del 0,3%, según prevé la autoridad fiscal. Dos décimas por encima del objetivo.
Sin embargo, esos recursos extraordinarios procedentes de la liquidación serán mucho menores en 2025. El Ejecutivo estima que el sector autonómico contará con 158.167 millones de euros el año que viene, una cifra que solo superará en 4.000 millones la de este ejercicio (un 2,7% más). Un alza modesta en los recursos con la que la administración autonómica tendrá que hacer frente a unos gastos que también subirán.
Las CCAA solo han cumplido cuatro veces los límites
La regla de gasto acumula un escaso historial de cumplimientos desde que se puso en marcha en el año 2013 con la ley de estabilidad presupuestaria. En los once años que lleva la norma en vigor, las autonomías solo la han cumplido en cuatro ocasiones (2013, 2014, 2015 y 2018). De los siete años restantes, en cuatro (2020-2023) ha estado suspendida y se incumplió en 2015, 2017 y 2019. Si las estimaciones de la Airef son ciertas, las comunidades autónomas se desviarán de su objetivo este 2024 más que nunca desde que existe la norma.
Ante este escenario, la Airef ha emplazado al Ministerio de Hacienda a que le dé un toque de atención a los gobiernos autonómicos para que reconduzcan la situación. En concreto, han pedido al Gobierno que aplique el artículo 19 de la ley de estabilidad presupuestaria, el primer paso de un proceso que, en última instancia, prevé sanciones como la retención de fondos.
Los incumplimientos de la regla de gasto en el resto de administraciones son también muy sustanciales. La Airef prevé que la administración central aumente el gasto un 4,8% y el conjunto de corporaciones locales (incluidas diputaciones y ayuntamientos) un 7,3%. En el caso del Estado, el Ejecutivo debería presentar un plan económico-financiero para corregir el incumplimiento.
Pero las consecuencias de rebasar la regla de gasto para el Gobierno central son limitadas. Tendría que presentar un plan fiscal ante las Cortes en el que detalle cómo va a corregir la situación. Algo que, como se ha encargado de recordar la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, nunca ha llegado a suceder. No obstante, aunque se pueda incumplir con relativa impunidad, Herrero advierte de que no atenerse a la regla de gasto ahora hará que el ajuste que exigirá Bruselas para los próximos años sea más difícil.
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