El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles un acuerdo con patronal y sindicatos para reformar la jubilación. "El Gobierno ha alcanzado un nuevo acuerdo con agentes sociales en materia de pensiones", ha adelantado Sánchez en su comparecencia para hacer balance del curso político. Los cambios acordados amplían la jubilación parcial adelantando de dos a tres los años de anticipo para poder retirarse antes de tiempo y hacen posible compatibilizar hasta el 100% de la pensión con un empleo si se retrasa la jubilación cinco años. También se regula la edad de retiro en las profesiones penosas y se da más peso a las mutuas a la hora de realizar pruebas diagnósticas.
Tras siete meses de negociaciones, el Gobierno, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT han llegado a un acuerdo en la Mesa de Diálogo Social de la Seguridad Social justo en el día en que Sánchez ha cerrado el curso político. El presidente del Ejecutivo ha celebrado la noticia, que ha calificado como "muy relevante" para los trabajadores, y ha asegurado que el pacto "refuerza" el sistema público de pensiones y avanza hacia un modelo "más justo". El acuerdo anunciado este miércoles busca allanar el paso "progresivo y flexible" del trabajo al retiro con retoques en la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación parcial.
Por un lado, el planteamiento acordado entre Gobierno y agentes sociales pretende hacer más atractiva la demora de la jubilación modificando ligeramente el sistema de incentivos. En concreto, se introduce la posibilidad de, a partir del segundo año, recibir los incentivos por cada seis meses. Es decir, como hasta ahora el trabajador que decide demorar su jubilación recibe un incremento del 4% en su pensión por cada año que alargue el retiro. Sin embargo, a partir del segundo año ese incentivo es semestral a razón de un 2% por cada seis meses trabajados más, sin tener así que esperar un año completo para obtener la recompensa.
Por otro lado, el acuerdo también busca incentivar la jubilación activa. Para ello, se elimina el requisito de tener que contar con una carrera de cotización completa para poder acceder a ella, algo que tanto el Ministerio de Inclusión tanto los sindicatos destacan que beneficiará sobre todo a las mujeres, que suelen contar con menos años cotizados. Además, se modifica la compatibilidad entre jubilación y empleo, de manera que se puede percibir desde el 45% de la pensión cuando se accede a ella en activo y con una demora de un año hasta el 100% si se retrasa la jubilación cinco años. Antes de llegar a esa percepción completa, la proporción de pensión recibida puede acumular un 5% adicional cada año si se mantiene el mismo empleo.
En el caso de la jubilación parcial, se amplía de dos a tres años la posibilidad de anticipar el retiro por esta vía, lo que en la práctica supone que, según los años cotizados de cada trabajador, haya quien pueda acceder a la jubilación parcial a partir de los 62 años. Los requisitos de contar con 33 años cotizados y 6 años de antigüedad en la empresa permanecen intactos, así como la posibilidad de reducir la jornada hasta un máximo del 75% en los dos últimos años de jubilación parcial. No obstante, en el primer año el límite para la reducción de jornada se fija en un 33%. Al mismo tiempo, se mejoran las condiciones del trabajador relevista: su contratación tendrá que ser indefinida y a tiempo completo en un puesto amortizable.
En concreto, el acuerdo entre el Gobierno y agentes sociales recoge una mención expresa en materia de jubilación parcial para la industria manufacturera, que cuenta desde 2018 con unas condiciones específicas que se prorrogan hasta 2029. El objetivo es acercar las condiciones de este sector con las de la jubilación parcial en el resto de sectores ampliando la cotización de forma progresiva del 40% en 2025 por la jornada completa hasta alcanzar en 2029 una cotización por el 80% de la jornada.
El papel de las mutuas
Más allá de los retoques en las distintas vías de acceder a la jubilación, el acuerdo anunciado este miércoles también desglosa uno de los puntos pactados el año pasado por patronal y sindicatos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en relación al papel de las mutuas en las bajas. Estas entidades podrán realizar pruebas diagnósticas y encargarse del tratamiento de incapacidades temporales de origen traumatológico -siempre que el trabajador acceda a ello voluntariamente y dé su consentimiento-, con el objetivo de aminorar los tiempos de espera.
Por último, en cuanto a las profesiones especialmente penosas o peligrosas, agentes sociales y Gobierno han acordado establecer coeficientes reductores de la edad jubilación para que puedan retirarse antes, dada la naturaleza de estas ocupaciones y sus riesgos para la salud. Estos coeficientes solo se aplicarán cuando las condiciones de trabajo no puedan ser modificadas y se estudiarán caso a caso en cada ocupación atendiendo a circunstancias objetivas como la incidencia, la persistencia y la duración de las bajas médicas sufridas por los trabajadores durante su vida laboral, así como las declaraciones de incapacidades permanentes y los fallecimientos.
Celebración y tareas pendientes
El Gobierno y los agentes sociales se felicitan por el acuerdo. "Es un día muy importante, de satisfacción y de celebración después de mucho trabajo", ha expresado la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, agradeciendo el trabajo realizado por los sindicatos y la patronal. "Para mí era una absoluta prioridad cerrar este acuerdo tan importante para el conjunto de trabajadores y trabajadoras de nuestro país, para autónomos y para empresas", ha recalcado, subrayando que se ha tratado de "un trabajo ingente, con muchas reuniones, con mucha discreción".
Del lado sindical, desde CCOO celebran el avance hacia un modelo "gradual y flexible". En la misma línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha destacado que el acuerdo "permite mantener la jubilación parcial, el contrato relevo tanto para los trabajadores del sector manufacturero como para el resto de trabajadores". A su juicio, otro avance importante es que las personas trabajadoras con bajas traumatológicas puedan acceder a un tratamiento en las mutuas, previo acuerdo entre éstas y la comunidad autónoma, lo que va a suponer que se dejen "las largas listas de espera y que se haga "con plenas garantías", porque el alta y la baja continuarán en la Seguridad Social.
Prácticamente al mismo tiempo que Sánchez anunciaba el acuerdo, el comité ejecutivo de la CEOE informaba de su ratificación, asegurando que el pacto "moderniza el marco de la jubilación en España para adecuarlo a los retos que deben afrontar las empresas". Desde la patronal sostienen que los cambios "se adecúan a los requerimientos actuales de la economía española y de las empresas" y "priorizan la protección de la salud de los trabajadores", al mismo tiempo que ponen en valor el diálogo social como instrumento para llegar a "acuerdos estables, amplios y duraderos, en beneficio del conjunto de los ciudadanos".
Una vez acordados los cambios entre el Gobierno y agentes sociales, el Ejecutivo se ha comprometido a tratar de ponerlos en práctica lo antes posible, aunque algunos de ellos requieren pasar por el Congreso de los Diputados, donde la suma de apoyos esta legislatura no está siendo tarea fácil. Queda pendiente también la reforma de la jubilación flexible, para lo que interlocutores sociales y Ejecutivo se han dado un plazo de seis meses.
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