Suiza, Austria y Luxemburgo flexibilizan el secreto bancario ante las presiones del G-20

  • El G-20 prepara la 'lista negra' de paraísos fiscales.
  • Suiza dará más información en casos de fraude.
  • Afirma que el secreto bancario sigue existiendo.
El presidente suizo, Hans-Rudolf Merz, en Berna.
El presidente suizo, Hans-Rudolf Merz, en Berna.
Peter Schneider / EFE
El presidente suizo, Hans-Rudolf Merz, en Berna.

Suiza, Austria y Luxemburgo han accedido a flexibilizar el secreto bancario, tras las presiones de las potencias del G-20 y de la OCDE sobre los paraísos fiscales con el fin de hacer frente mejor a la crisis del sector financiero.

Con estas decisiones, que se suman a las adoptadas por Liechtenstein, Andorra y en cierta medida Bélgica, los países afectados tratan de evitar entrar en la lista negra de paraísos fiscales que la OCDE llevará a la cumbre que el G-20 que se celebrará en Londres el 2 de abril.

Suiza, que basa el poder de su plaza financiera precisamente en el secreto bancario, anunció que simplificará y ampliará los procesos de intercambio de información con otros países en caso de sospechas fundadas de fraude o evasión fiscal, aunque el Conejo Federal helvético quiso dejar claro que el secreto sigue existiendo.

En esa línea, el ministro de Finanzas, Hans-Rudolf Merz, precisó que la privacidad de los clientes debe seguir siendo protegida contra la consulta "injustificada" de informaciones relativas a su situación patrimonial, "sin que ello signifique que el secreto bancario proteja a los autores de delitos fiscales".

Las revelaciones de UBS

El mayor banco del país, UBS, accedió el pasado mes a revelar unos 300 nombres de clientes acusados por la justicia estadounidense de fraude fiscal, ante la amenaza de retirarle la licencia para operar en ese país.

También Austria, que tiene uno de los secretos bancarios más restrictivos de Europa, anunció que permitirá abrir las cuentas bancarias de ciudadanos extranjeros en caso de sospechas de autoridades fiscales de otros países.

Hasta ahora, las entidades austríacas sólo estaban obligadas a dar información a otros países si había un proceso judicial abierto.

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