Trabajadores asfixiados por las contratas públicas: "Tengo compañeros que no tienen ni para echar gasolina para ir a trabajar"

La epidemia de inflación que da ahora sus últimos coletazos ha dejado los bolsillos de los trabajadores llenos de agujeros. La pérdida de poder adquisitivo ha sido importante y generalizada, pero los salarios empiezan poco a poco a ver la luz. Sin embargo, hay decenas de miles de trabajadores que se están quedando atrás. Se trata de los empleados de las contratas públicas, trabajadores en nómina de empresas privadas que prestan servicios a la administración pública. Hablamos de jardineros, personal de la limpieza, de seguridad, teleasistencia... Servicios cuyas condiciones suelen ser muy precarias de partida y que están saliendo especialmente mal parados de esta crisis. 

¿La razón? una normativa que limita al máximo la capacidad que tienen las empresas de repercutir a las administraciones los aumentos de costes que sufren, especialmente los salariales. Esta situación ha conseguido unir en un frente común a la patronal y los sindicatos contra la administración, personificada en este caso en el Ministerio de Hacienda. Las dos partes han reclamado al Gobierno en varias ocasiones que ponga fin a esta situación. De hecho, la patronal se negó a votar a favor de un nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) si no se resolvía el problema. Y así lo hizo.

Las normas de la discordia son la ley de desindexación, aprobada en 2015 y reglamentada en 2017 y la ley de contratos públicos. Esta ley se introdujo para evitar que los precios públicos se pudieran vincular al IPC, pero también vetaba las revisiones de precios que no estuvieran prefijadas en las contratas de servicios salvo excepciones. Dicho de otro modo, si durante el tiempo que está en vigor el contrato público la empresa tiene que subir los sueldos porque aumenta el SMI o los trabajadores firman un nuevo convenio con mejores retribuciones, la compañía no puede repercutir en modo alguno ese aumento de costes a la administración. La ley de contratos desarrolla estas excepciones, que están limitadas a situaciones muy tasadas que rara vez ocurren. 

Las consecuencias de esta limitación, que lleva vigente desde 2017 se han empezado a notar con fuerza ahora por dos motivos. El primero, son las fuertes y rápidas subidas del salario mínimo aprobadas desde 2018. El SMI ha subido un 54% desde entonces, y cada vez afecta a más trabajadores. Las empresas están obligadas por ley a pagar más a sus trabajadores, pero la administración no sufraga ese coste.  Desde la patronal alegan que las subidas del SMI pueden provocar pérdidas o incluso la quiebra de empresas en determinados sectores y territorios. En especial pymes y autónomos, que no pueden planificar de un año para otro cuál será el aumento de costes derivado del SMI.

La segunda derivada de la ley de indexación es que genera enormes dificultades para negociar convenios. Las licitaciones suelen ser largas, a menudo se cierran por periodos de más de cuatro años, por lo que las subidas salariales que se firman en los nuevos convenios no se pueden repercutir. Si las empresas quieren subir los sueldos para compensar parte del impacto de la inflación tienen que tirar de recursos propios. "Son cuatro años de sueldo congelado porque las empresas suelen ir a procedimientos de descuelgue justificado en los convenios", señala Raúl Olmos, adjunto en la secretaría de acción sindical de CCOO.

El resultado es un cóctel perfecto de precariedad que se acaba traduciendo en sueldos congelados, reducciones de plantilla, de jornada o falta de reemplazos cuando un trabajador se pone de baja para compensar los aumentos en los costes empresariales. "Al final la empresa absorbe una parte del aumento del coste con el margen de beneficio, pero mayoritariamente suelen despedir o reducir horas", señala Olmos. 

"A la hora de negociar, estamos atados de manos"

Esta realidad la confirman los propios trabajadores de las contratas. Marcos (seudónimo) trabaja en la contrata de limpieza viaria del Ayuntamiento de Brunete (Madrid). Cuenta a 20minutos que los salarios que perciben son bajos y el pliego de contratación tiene bastante tiempo, por lo que apenas han visto revisiones salariales. "Las negociaciones colectivas son un calvario, a la hora de negociar estamos atados de manos", comenta.

Las subidas salariales han sido exiguas en este tiempo. "El año pasado tuvimos un único pago no consolidable y en los últimos años subidas que no han llegado al 2%. En salarios de 15.000 euros es muy poco dinero", apostilla. "Tengo compañeros que muchas veces no tenían para echar gasolina para ir a trabajar. Han tenido que pedir anticipos a la empresa", agrega. Hasta hace poco, las congelaciones salariales apenas se habían notado. Sin embargo, desde junio de 2021 los precios del consumo han subido un 13%, cuatro veces más que lo que crecieron en los dos años y medio anteriores

"No es normal que la función pública tenga un acuerdo para subir el salario de los funcionarios, que los salarios de los políticos suban todos los años y que castiguen sin incrementos salariales al personal que trabaja en empresas privadas haciendo trabajos públicos", traslada, por su parte, Javier Gómez Ochoa, secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO del Hábitat en Madrid. "Las consecuencias son huelgas, despidos, conflictos, inseguridad, accidentes… todo lo que conlleva tener una contrata en una situación precaria en la que no puedes invertir porque no recuperas ese dinero", agrega Gómez Ochoa en conversación con este periódico.

"En cualquier pueblo, administración, diputación a la que vayas ya sea la contratación del servicio de ambulancias, los servicios de ayuda a domicilio... las empresas prestan cada vez peores servicios porque están más recortadas y saben que no hay revisiones de precios", apunta Moisés Torres, secretario federal de Servicios a la comunidad en UGT Madrid, en conversación con 20minutos.

Hacienda rechaza cambiar la ley

Dentro del Gobierno, quien tiene la llave para acabar con la ley de desindexación es el Ministerio de Hacienda liderado por la vicepresidenta primera María Jesús Montero. Pero en el ministerio encargado de elaborar las cuentas públicas del país no tienen intención de introducir cambios más allá de la excepción que ya se aprobó para las contratas de la construcción por el encarecimiento de los materiales.

El posicionamiento de la ministra es claro. "No vamos a hacer ninguna cuestión que haga que el coste de los servicios públicos se incremente en relación con lo que actualmente venimos prestando. Tampoco parece lógico que las subidas del salario mínimo interprofesional recaigan sobre las cuentas públicas que pagamos todos los ciudadanos", señaló hace algo más de un mes en declaraciones a los medios de comunicación.

Además, hay que tener en cuenta que España se enfrenta a un inminente proceso de ajuste fiscal para sanear sus cuentas, maltrechas tras la gran recesión, la crisis pandémica y la guerra en Ucrania. El Ejecutivo tiene un margen presupuestario para aumentar el gasto muy limitado. La revalorización de las pensiones, la subida del sueldo de los funcionarios y la prórroga de ayudas anticrisis se llevarán el escaso margen de gasto que queda libre para 2024. De hecho, no se puede descartar en absoluto que España se desvíe algo por encima de su objetivo de déficit para este año.