Trasladarse a Andorra: ¿una opción beneficiosa solo para ricos?

Las noticias de Youtubers que, en busca de un mejor tratamiento fiscal, han decidido hacer las maletas y marcharse a Andorra han llenado los titulares de los medios la última semana. No son los primeros. El país, por ejemplo, se ha convertido también en destino de deportistas de Moto Gp. Joan Mir, Viñales o Espargaró son ejemplo de ello. También de modelos, Judit Mascó tiene su residencia fijada en las montañas del Pirineo desde hace varios años, y por poner algún ejemplo más, Arantxa Sánchez Vicario fijó su residencia allí en 1988. Pero, ¿es Andorra una opción solo para ricos?

Para contestar a esta pregunta, de lo primero que hay que ser conscientes es del motivo por el que Andorra es tan atractivo para un mayor número de perfiles. El país dejó de ser un paraíso fiscal en 2010, sin embargo guarda todavía un tratamiento fiscal que deja a años luz al de España. Si se habla de IRPF, allí los primeros 24.000 euros están exentos. Después, existe un tramo entre los 24.000 y los 40.000 euros por el que se paga un 5%. A partir de la cifra de 40.000, se abona un 10%. Pero es que, además, el IVA andorrano se sitúa en el 4,5%, frente al 21% que se paga en España.

En cuanto al IRPF español, tal y como explica Finect, existen seis tramos diferentes. El primero, del 19% afecta a los ingresos hasta 12.450 euros; el segundo, del 24%, influye en los ingresos entre los 12.450 euros y los 20.200; el tercero, del 30%, entre los 20.200 y los 35.200 euros. Desde 35.200 y hasta 60.000 euros el tipo impositivo es del 37%; del 45%, entre 60.000 y 300.000 euros de ingresos. Y, por último, del 47% a partir de los 300.000.

Estas cifras, en la práctica suponen que los que más noten la diferencia entre tributar en Andorra y España sean los patrimonios más altos, ya que a mayor número de ingresos, mayor número de impuestos. Pero aquellos con sueldos más modestos también notarían la diferencia. Según cálculos realizados por Finect, por ejemplo, para unos ingresos de dos millones, mientras en España se pagan cerca de los 900.000 euros, en Andorra no llegan a los 200.000 euros, lo que supone una diferencia de 700.000. Si el sueldo fuese de 200.000 euros, la diferencia sería de 64.000 euros. Mientras que para un salario de 40.000 euros en España se pagan algo más de 10.500 euros, frente a los 800 euros de Andorra. Es decir, hacer las maletas supondría para este tipo de perfil un ahorro de 9.700 euros.

Consecuencias

Lo cierto, es que más allá del ahorro fiscal, el traslado implica unas consecuencias que no todo el mundo está dispuesto a asumir, sobre todo si se tiene familia. Como mínimo, se deben vivir allí 183 días. Se trata de un requisito que Hacienda mira con lupa y que llegado el caso hay que ser capaces de demostrar. De no poder hacerlo, la multa estaría casi asegurada. Además, cuando un ciudadano tiene vivienda en ambos países debe pagar impuestos donde tenga mayores intereses para su actividad económica.

Aun así, el interés por vivir en Andorra se ha disparado en 2020, según los datos del portal inmobiliario Idealista. En concreto, en los últimos 12 meses la búsqueda de inmuebles en venta en este país de apenas 80.000 habitantes ha aumentado un 99,1%, por encima de lo que ha crecido en el conjunto de España, en las provincias de Lleida y Girona, que comparten fronteras con el Principado, o en la provincia de Barcelona, que es el principal mercado inmobiliario más cercano.

El teletrabajo, sin duda, ayuda a aumentar el apetito por el país vecino. Según datos de la consultora especializada en procesos de inversión extranjera, Andorra Solutions, hasta agosto, las solicitudes de residencia por cuenta propia se incrementaron en 2020 un 60%, pasando desde las 250 solicitudes habituales hasta esa fecha, a más de 400. La mayoría de las solicitudes, un 68% concretamente, provinieron de España, seguido de Francia, con un 17%.

Sin duda, unos datos que contribuyen a la sangría impositiva que suponen estos traslados para el territorio español, cifrados en una pérdida de 70.000 millones de euros al año por Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda. Dinero que implica menores ingresos para la sanidad pública, la educación o la seguridad del país.