Abengoa encarga al despacho RCD llegar a un acuerdo con todos sus acreedores
La matriz del grupo andaluz, que entró en fase de convenio la pasada semana, estudia una propuesta para los más de 300 tenedores de deuda. La meta es lograr una gran quita y blindar a las filiales de Abenewco 1.
A falta de pocas semanas para conocer si la SEPI querrá o no salvar su filial operativa, Abengoa trabaja en paralelo para sacar el mejor acuerdo en el concurso de acreedores de la matriz. Desde la pasada semana, se finalizó la fase común del concurso y quedó abierta la de convenio para llegar a un pacto con los tenedores de su deuda durante los dos próximos meses. Esta misión ha movilizado a la matriz del grupo, que se ha apoyado en el despacho DWF-RCD para idear una oferta ventajosa que acepten los acreedores y que cuente con el visto bueno del administrador concursal para así evitar la entrada en fase de liquidación.
Los objetivos de la compañía son diversos, aunque todos ellos persiguen llegar a un acuerdo con sus acreedores y contar con el visto bueno del administrador concursal. La oferta que prepara el grupo andaluz junto con el bufete con sede en Cataluña persigue lograr una quita significativa sobre la deuda que presiona al grupo, por un lado, y dejar en la medida de lo posible fuera de la ecuación a Abenewco 1. Esta filial, cuyo capital social depende al 100% de Abengoa, pretende ser la sociedad receptora de los fondos necesarios para salvaguardar la continuidad del grupo, es decir, el rescate de la SEPI de 249 millones de euros y la inyección dineraria de Terramar.
El despacho conocido como Rousaud Costas Duran hasta que en 2019 fue adquirido por el grupo internacional DWF se ha convertido en un asesor de confianza para Abengoa. Uno de sus cofundadores, Adolf Rousaud, entró en el consejo de la matriz como secretario no consejero el pasado mes de octubre, al mismo tiempo que lo hizo Clemente Fernández, el representante de los minoritarios agrupados bajo la plataforma Abengoashares. El despacho es referente en operaciones de M&A en el área mercantil (está en el top 3 de despachos más activos, según el ranking de TTR) y el pasado mes de abril anunció la apertura de sus oficinas en Sevilla, precisamente donde Abengoa tiene su cuartel general.
La compañía cuenta con tan solo un mes para llegar a un acuerdo con todos sus acreedores, según comunicó el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla y ratificó más tarde la propia Abengoa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este plazo da de tiempo máximo para llegar a un pacto hasta el próximo 1 de julio, si bien en Abengoa esperan cerrar un acuerdo antes. La oferta para la fase de convenio lleva tiempo estudiándose, ya que este proceso debería haber llegado antes si no se hubiese producido el cambio de juez concursal el pasado mes de abril, inciden las fuentes consultadas.
La fase de convenio del concurso se ha producido tras el cierre anticipado de la fase común. El motivo de ello es que las impugnaciones que seguían vivas dentro del inventario de la lista de acreedores no superaban el 20% de la masa activa ni pasiva del concurso, como exige la ley concursal. Aun así, el reguero de damnificados es muy extenso. De acuerdo a la documentación concursal, el número de acreedores supera los 300.
Abengoa cuenta con más de 300 acreedores y adeuda más de 6.000 millones de euros
Por volumen de pasivo, el grupo Abengoa cuenta una deuda de aproximadamente 6.000 millones de euros. De este total, 1.200 corresponden a la matriz, que está vacía de actividad, y 2.800 a los compromisos contraídos con los bonistas, que no verán recuperada su inyección en la compañía. Se trata, por tanto, del concurso de mayor volumen tras el que tuvo lugar por la quiebra de la promotora Martínsa-Fadesa durante la crisis del ladrillo.
Más de un año de concurso
La matriz del grupo lleva en concurso de acreedores desde el pasado año. Fue en febrero de 2021 cuando el consejo de administración decidió ir un paso más allá. Se había acogido al preconcurso en agosto de 2020 y un mes antes había sido suspendida de cotización. El consejo explicó que buscarían durante este proceso "alternativas para evitar la inviabilidad de las sociedades filiales que desarrollan la actividad (Abenewco 1 y Abenewco 2) y, con ello, preservar el empleo y tratar de minimizar la pérdida de valor", explicó la compañía en un comunicado ante el regulador bursátil.
La decisión llegó tras no poder alcanzar un acuerdo con la banca en el marco de la operación Vellocino. Se trataba del enésimo plan de viabilidad por el que la compañía trataba de salir adelante pero que se topó con la negativa del último componente necesario: la Junta de Andalucía. El Ejecutivo regional debía aportar 20 millones de euros al dinero comprometido por las entidades financieras, pero se negó en el último momento porque, según justificó, no contaba con ningún "instrumento financiero" ni tampoco "fórmula jurídica" para participar en la restructuración de la compañía.