Defensa logra otra victoria en la Audiencia con las sanciones a Indra y sus socios por retrasos en el 8x8
Nueva victoria del Ministerio de Defensa en la Audiencia Nacional por las penalidades impuestas a Indra, Sapa y Santa Bárbara en el marco del ‘macro-programa’ del vehículo de combate sobre ruedas 8x8. Se trata de uno de los grandes contratos asociados al programa vinculado a la construcción de demostradores que sirvieran para comprobar que cumplía con los requisitos previos antes de la construcción de los equipos definitivos. El departamento gana el recurso presentado por la UTE VCR 8x8, conformada por las tres compañías, contra la resolución que autorizaba por segunda vez a ampliar plazos de entrega en 2021 a cambio de multas millonarias. Esta decisión llega después de la primera que se produjo a principios del año pasado y que ya está siendo estudiada por el Tribunal Supremo. Desde el Gobierno han mostrado recientemente su “gran preocupación” por los retrasos vividos en este proyecto.
En la sentencia de la Sala de lo Contencioso, fechada el 8 de mayo y a la que ha tenido acceso La Información, los magistrados no admiten ninguno de los argumentos utilizados por las empresas. No aceptan la complejidad del contrato como excusa para su no cumplimiento en el plazo. Tampoco la improcedencia de las razones en que, según las resoluciones recurridas y los informes técnicos emitidos, se sustenta la imposición de penalidades, basadas ante todo en el incumplimiento de los plazos y en la atribución de dicho incumplimiento a “la falta de adscripción de recursos necesarios, carencias en su propia gestión, falta de debida celeridad en las negociaciones con subcontratistas o discrepancias internas entre las recurrentes e ineficiente gestión de riesgos”. También descartan que dichos pagos exigidos por la administración fueran desproporcionados.
¿Cuáles son las penalidades exigidas? En la resolución de junio de 2021, que ahora es confirmada por la Audiencia, se imponían el pago por día de demora en la ejecución de 0,20 euros por cada mil euros del precio del plazo parcial incumplido (73,5 millones) a partir de una fecha de 2019 y 0,20 euros desde otra fecha de ese mismo ejercicio sobre el plazo total de 91,9 millones. Esto suponía 14.715 euros diarios en ese primer ‘paquete’ y 18.393 euros en el segundo. En esta cifra, que supone un desembolso millonario, hay que excluir el periodo de duración del estado de alarma motivado por el Covid-19 (entre marzo y junio de 2020).
El contrato asociado dentro del programa del 8x8 tenía un importe inicial de 89 millones de euros, fijando la terminación del plazo de ejecución a mediados de diciembre de 2017. Pero en junio de ese mismo año se formalizó la primera modificación, que incluyó en su alcance la integración de las últimas versiones de las estaciones de armas de control remoto en los ‘demostradores’ tecnológicos incrementando el precio máximo a 91,9 millones ampliando el plazo hasta noviembre de 2018. Esa misma fecha se formalizó un segundo reformado con la puesta a disposición de los 5 ‘demostradores’ (73,5 millones) en julio de 2019 y certificación de la protección contra minas (18,3 millones) el 30 de noviembre de ese ejercicio. A partir de ahí empiezan las ampliaciones de plazo pero con penalidades.
En junio de 2019, antes de que llegara el primer plazo para esos ‘demostradores’, se solicitó por las tres empresas una ampliación del plazo. Unos meses después recibieron la luz verde para posponerlo a mayo y julio de 2020. Eso sí, Defensa decidió exigir esos primeros pagos. Las compañías se revolvieron con esa primera resolución y acudieron a la Audiencia Nacional que confirmó la decisión y aseguró que se ajustaba a derecho en una sentencia avanzada por La Información. En junio de 2023 se presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado sobre el caso.
En el mes de octubre de 2020 se acuerda una segunda ampliación del plazo con el departamento dirigido por Margarita Robles, trasladando las fechas a finales de 2020 y mediados de 2021 pero con la imposición de nuevas multas. El recurso ante la Audiencia Nacional sigue estando pendiente de sentencia y se espera que llegue próximamente. La que ahora se resuelve es la tercera ampliación. Todos estos retrasos hicieron que se tuviera que autorizar la fabricación de los vehículos antes de que se entregaran estos demostradores previos, algo que se produjo en 2022.
Un programa con muchos problemas
La ministra de Defensa ya avisó el pasado mes de enero a las empresas: “Nos gustaría que este programa presentara en su ejecución mayores avances que los apreciados hasta la fecha”. Se reunió con las cúpulas de las empresas para mostrarles su “preocupación” al entender que “van retrasadas”. Los diferentes retrasos han obligado a cambiar la planificación de entregas convirtiéndose en todo un quebradero de cabeza para el departamento. El último compromiso se basa en que este año 2024 se entreguen 92 unidades del primer tramo. A finales de 2022 se entregaron los siete primeros vehículos.
El programa del 8x8 arrancó en la primera década de este siglo. Estos nuevos Dragón van a sustituir a los obsoletos BMR. Su necesidad se puso de manifiesto en el año 2007. Un vehículo BMR sufrió un ataque en Líbano en el que murieron seis soldados españoles. El proyecto, que se firmó formalmente en junio de 2020 con la aprobación en el Consejo de Ministros con un presupuesto final de 1.736 millones y una duración prevista de diez años hasta 2030 tras los diferentes retrasos, se dividió en tres tramos: 348 vehículos para cuatro agrupaciones tácticas; 365 para dos agrupaciones, cuatro batallones de infantería y cuatro de artillería; y 285 para completar otras once agrupaciones.