Endesa recuperará 200 millones del bono social "discriminatorio" de Rajoy
La polémica y "discriminatoria" financiación del bono social impuesta a las grandes y no tan grandes eléctricas ha llegado a su última fase judicial con dos contundentes sentencias de la Sala Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de las que han sido ponentes los magistrados José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat (Endesa) y Eduardo Calvo Rojas (Viesgo). Tras un largo y complicado periplo en los tribunales, desde el Supremo, al Constitucional, pasando por el de Estrasburgo, los dos fallos recientes, uno del 20 de diciembre y el otro de un día después, comprometen al Estado a indemnizar a Viesgo Infraestructuras Energéticas (antes E.ON España) -ver sentencia- y a Endesa -ver fallo- por la financiación 'ilegal' del bono social eléctrico creado a finales de 2013 por el entonces ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y que estuvo vigente entre 2014 y 2016, año en el que fue derogado y sustituido por otro que hasta hoy sigue en vigor.
Endesa fue la eléctrica más perjudicada por la iniciativa del Gobierno popular, ya que asumió cuatro de cada diez euros del bono social, mientras el porcentaje de E.ON fue menos significativo, poco más del 2%. Si tenemos en cuenta que las propias eléctricas estimaban el montante de ese coste en 500 millones de euros, el resultado es que a Endesa le corresponden más de 200 millones de euros, según calculan fuentes jurídicas conocedoras del caso. Los dos fallos, prácticamente idénticos, concluyen en estimar los recursos interpuestos por Viesgo y Endesa contra el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social -ver texto- y en declarar inaplicable el régimen de financiación del bono social establecido en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, por resultar incompatible con la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE.
Además, la Sala reconoce el derecho a que las dos compañías deben ser indemnizadas por el Estado, con cargo al superávit eléctrico, con todas las cantidades que hayan abonado por el bono social, más los intereses legales. En las próximas días el Alto Tribunal español seguirá resolviendo las alegaciones presentadas también en plazo por EDP, Iberdrola, Electra del Cardener, Energías de Benasque, Serviliano García, Navarro Generación, Agri-Energia, Cooperativa Eléctrica Benéfica Catralense, Cooperativa Valenciana, Eléctrica Vaquer, Hijos de José Bassols, El Gas, Electra Aduriz, Estabanell y Pahisa, Cooperativa Popular de Fluid Electric Camprodón, Electra Caldense, Fuciños Rivas, Candín Energía y Electra del Maestrazgo.
La ley Soria exoneraba de la financiación a compañías con un volumen de negocios a escala nacional muy elevado, porque no participaban en las tres actividades
Según se aclara en la sentencia favorable a Endesa, a la que ha tenido acceso La Información, la Ley del bono social eléctrico de 2013 no contenía una relación nominal de las empresas o grupos de empresas que debían asumir la financiación de la ayuda, pero no fue hasta 2014, mediante una orden, cuando se determinó las entidades afectadas y los porcentajes de reparto de las cantidades para ese año. Así, cuatro grandes eléctricas asumían más del 96% de la financiación -Endesa (41,6%), Iberdrola (38,4%), Gas Natural (14,2%) y E.ON (2,3%)-, mientras las 23 restantes tenían en su mayor parte coeficientes muy inferiores al 1%.
En la sentencia resalta que con ese reparto "difícilmente cabe sostener que el régimen de financiación del bono social establecido en la norma permita distribuir dicha carga entre las principales actividades empresariales intervinientes en el sector eléctrico, cuando, al mismo tiempo, se exonera a otras entidades o grupos empresariales que acaso ocupan una posición comparativamente mucho más relevante por su volumen de negocios a escala nacional, aunque no desarrollen su actividad más que en uno o dos sectores de actividad del sector". La normativa de Rajoy preveía que la financiación debía recaer en las compañías o grupos que desarrollasen actividades de comercialización y generación, únicamente cuando también asumiesen la distribución.
La Sala destaca finalmente el valor de la sentencia 2279/2016 -ver resolución- que emitió cinco años antes y en la que se destacaba que el régimen de financiación del bono social de 2013 debía ser declarado inaplicable por resultar incompatible con la exigencia establecida en la directiva europea, que establece que las obligaciones de servicio público deben definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a las empresas eléctricas el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales".
El bono social, un mecanismo que se puso en marcha el 1 de julio de 2009 de la mano de José Luis Rodríguez-Zapatero para proteger a los consumidores vulnerables ha sobrevivido a todos los gobiernos posteriores, con numerosas modificaciones con respecto a las fórmulas para financiarlo y el alcance de la ayuda en la factura de la luz, y también con importantes varapalos judiciales. El bono de Rodríguez Zapatero, que cargaba la financiación en las cinco grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Fenosa, EDP y E.ON-, fue tumbado por el Supremo tres años después de su entrada en vigor por discriminatorio. Tras la resolución judicial, Rajoy puso en marcha un mecanismo similar, pero en el que la factura recaía en más compañía, pese a que esta seguía siendo financiada casi en su totalidad por las más grandes eléctricas.
En 2016 y tras un recurso de E.ON España (Viesgo), el Supremo declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social, que se aplicaba a los consumidores de energía eléctrica considerados más vulnerables, al entender que era incompatible con la normativa comunitaria y todo pese a que la iniciativa de Rajoy incorporaba a casi una veintena más de compañías energéticas para que financiasen junto a las grandes la ayuda de la luz. Tras esta decisión judicial, el Estado acudió al Tribunal Constitucional, que le dio la razón en mayo de 2019. El siguiente paso fue plantear al Tribunal de Luxemburgo una cuestión prejudicial aclaratoria, que se dio a conocer el pasado octubre y que dejaba patente que el bono social de Soria y Rajoy también era discriminatorio, puesto que regulaba que compañías debían pagar y las que estaban exentas, aunque algunas tuvieran un peso muy importante en determinadas áreas de actividad.
A partir de esta sentencia europea y la posterior alegación de 20 compañías eléctricas que tenían 1o días para presentarla, el Supremo deberá ir resolviendo en las próximas semanas uno a uno los recursos con sentencias similares a las dos ya conocidas. Las indemnización por la financiación 'ilegal' de las eléctricas del bono social durante entre los años 2014 y 2106 supera los 500 millones, según las estimaciones tras la sentencia de 2016. Tras tumbar la Justicia el bono de Rodríguez-Zapatero, las cinco grandes tuvieron que ser indemnizadas con cerca de 275 millones de euros. En aquella ocasión Endesa recibió 113 millones de euros. Un alto coste para una iniciativa, el bono social, que no ha acabado de arrancar y que tuvo una puesta en marcha muy poco meditada.