El FROB logra recuperar 302 millones de procedimientos penales contra entidades 'rescatadas'
La Autoridad de Resolución Ejecutiva (FROB) prosigue con su intensa labor de persecución y penalización de conductas irregulares en operaciones de concesión de créditos relacionadas, esencialmente, con el tráfico inmobiliario en el seno de las distintas entidades que fueron receptoras de ayudas públicas. Una tarea que le ha permitido recuperar 302 millones en pronunciamientos penales firmes contra entidades 'rescatadas' durante 2023, cifra que se eleva frente a los 273 millones de 2022.
Según consta en la Memoria Anual de Actividades que ha publicado este martes, durante el ejercicio pasado mantuvo su personación en las causas penales que siguen pendientes contra "numerosos ex directivos" de distintas entidades y otras personas relacionadas", con el objetivo de "defender los intereses generales" y de recuperar los "mayores importes posibles" a través de aquellas cantidades que deban ser abonadas por los condenados en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos.
En el ámbito contencioso-administrativo, señala que en 2022 ya no había ningún recurso originado contra sus actuaciones en los procesos de reestructuración y resolución en la crisis financiera de 2012. En cambio, sí siguen su curso "múltiples recursos contencioso-administrativos" por su actuación en la resolución de Banco Popular en 2017. En concreto, de los 275 recursos inicialmente interpuestos contra las medidas para aplicar la decisión de la JUR de resolución de Popular, sigue pendiente la tramitación de 212.
"El resto han sido archivados durante los ejercicios 2022 y 2023, fundamentalmente debido a los desistimientos de los recurrentes", señala. Sin embargo, los 212 recursos siguen suspendidos, en espera de que haya una resolución definitiva en los recursos de casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), y que actualmente penden en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).