Galán se rearma tras el plante de Nueva York para una guerra larga con Moncloa

Una reunión de rigor con Teresa Ribera, la irrupción del PNV y la modificación del decreto que castiga los beneficios ‘caídos del cielo’ para frenar la sangría millonaria de Iberdrola han abierto un nuevo escenario en la guerra particular que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Gálan, tiene contra todo y contra todos en el Ejecutivo. Algunos de sus asesores más cercanos le ven todavía fuerte como para afrontar esta nueva contienda, después de un primer choque frontal con Sánchez que, por el momento y al menos ante la opinión pública, le ha colocado con mucha desventaja. En las dos décadas que lleva al frente de la compañía, el presidente de Iberdrola siempre ha sabido cortejar a los gobiernos de turno con el mantra de la revolución verde y millones de inversión en todo el mundo, pero el ‘plantón’ que el presidente Sánchez le dio el mes pasado en Nueva York, donde Galán esperaba recomponer su estrategia con Moncloa, ha marcado un antes y un después entre ambos.

El enconamiento llega hasta el punto de que la descarbonización intensiva y la electrificación de todas las fuentes de energía que siempre predica el empresario se han llegado a poner en duda en Moncloa, si con ello se “maneja” el precio de la luz, se ahoga la competitividad de la industria, se paralilzan las fábricas y no se cumple la máxima socialista de poner al ciudadano como el gran beneficiario de la transición ecológica, frente a la gran empresa. El caso es que, en apenas tres meses, el todopoderoso presidente de la segunda empresa energética del mundo ha pasado de ser uno de los empresarios de los que el Gobierno presumía en sus encuentros como ejemplo de empuje y dinamismo económico español, a enemigo número uno de Moncloa en el Ibex 35, por (supuestamente) aprovechar la subida internacional del precio de la luz para generar liquidez, vaciar pantanos y estar implicado en uno de los escándalos judiciales más grandes de los últimos tiempos. Fuentes cercanas al Ejecutivo y a la propia empresa aseguran que la imputación fue uno de los grandes obstáculos para facilitar la foto del presidente y el empresario en Nueva York el pasado mes de septiembre, aunque también hay quien lo ve como la excusa ideal para marcar distancias en plena escalada de la luz.

Ya no vale que haya creado la segunda mayor empresa energética del mundo o que tenga entre manos uno de los proyectos de transición a las energías renovables más ambiciosos que se conocen, para el que necesita un flujo de caja y un apoyo financiero muy importante de los fondos de inversión internacionales. Ahora, al menos en España, hay quien le ve como uno de los culpables de que suba el recibo de la luz, de ahogar a la industria electrointensiva y de buscar supuestos favores en las llamadas “cloacas” policiales de Villarejo para espiar a la competencia. En su entorno se preguntan qué ha pasado en tan poco tiempo para haber llegado a esta situación, hasta el punto de que ha sido el PNV quien ha tenido que salir en su ayuda y poner los Presupuestos sobre la mesa para encauzarla en lo posible.

Desde el ‘affaire’ neoyorquino, dos fueron los mensajes clave que el presidente de Iberdrola lanzó a modo de aviso de navegantes y que demuestran que había recogido el guante del desagravio sufrido: por un lado, en una entrevista realizada en EEUU lanzaba la alarma sobre la huida de inversores que podía sufrir España con tantos cambios en la legislación energética, justo el mensaje contrario que el presidente del Gobierno había ido dejando en su visita; y por otro lado, ya en España, la advertencia del golpe que podían recibir sus proveedores locales, sobre todo los vascos, si el decreto de Ribera se quedaba con parte de unos beneficios necesarios para aguantar las inversiones previstas y el nivel de apalancamiento de la compañía. Desde el entorno político del Gobierno Vasco se asegura que ha sido esta última cruzada la que ha movilizado al PNV, preocupado por el impacto que en su base industrial puede tener, tanto el freno del gigante energético, como la elevación de los costes que sufren sus empresas industriales más emblemáticas, como Sidenor.

De Villarejo a los saltos del Duero

En el inicio del verano y antes de que la luz empezara a marcar récords, desde Iberdrola se mostraban muy tranquilos con el frente judicial del caso Villarejo encauzado hacia la desimputación, sobre todo a la vista de lo que había ocurrido con Repsol y Caixa. De hecho, fuentes judiciales cercanas a la Audiencia Nacional aseguran que todo se ha retrasado por la petición de nulidad que los abogados de Sánchez Galán realizaron justo antes de que todo el mundo se fuera de vacaciones, pendiente todavía esta semana de un informe de Asuntos Internos y que retrasa la declaración del presidente de Iberdrola ante el juez. Una vez que García Castellón le escuche, tanto a él como al resto de altos directivos investigados, tomará una decisión rápida sobre su situación, igual que hizo en los casos de Fainé y Brufau.

Mientras el periplo judicial sigue su curso, el otro gran escollo que ha surgido entre Sánchez Galán y Moncloa se centra en la gestión que la empresa ha hecho de los saltos del Duero, el gran activo que tiene la compañía y que le permite generar una energía a un coste muy barato, que en el mercado se paga al precio más caro. Fuentes del sector advierten que tocar esos beneficios supone llegar a la línea de flotación de la generación de ingresos de la compañía, inmersa en un plan internacional de inversión millonario. Se estima que Iberdrola controla el 53% de la generación hidráulica en España, basada en la gestión el agua que se acumula en los embalses que varios alcaldes pusieron en duda a finales de agosto y que ha provocado la apertura de una investigación promovida desde el departamento de Teresa Ribera. Desde la empresa se ha defendido en todo momento la legalidad de las actuaciones, pero eso no obsta para que desde dentro, este se vea en la actualidad como uno de sus principales problemas, al menos uno de los que más el preocupan a Sánchez Galán y que ha dado lugar a decisiones y cambios de última hora en su equipo directivo.

Con la brecha abierta entre ambas partes, la última contratación del socialista Antonio Carmona como vicepresidente de Iberdrola España, con el encargo de recomponer la situación en lo posible, no acaba de convencer a unos y a otros. Dentro del entorno de Galán no entienden cómo se puede arreglar algo con un socialista que está enfrentado desde hace tiempo con todo lo que lleve el sello de Pedro Sánchez; y fuera de la empresa, el propio presidente del Gobierno evadió la pregunta en una entrevista televisiva con un simple “allá ellos”.