La historia del Banco Popular y cómo se vendió por un euro al Banco Santander
Década agónica, gran crisis, quiebra histórica, fracaso financiero... La ristra de apelativos para describir lo que aconteció con el Banco Popular hace poco menos de un lustro bien podría alargarse unas líneas más. Su auge y estrepitosa caída forman parte de uno de los capítulos 'negros' de la historia financiera de España, tanto es así que fue justo el mes pasado cuando finalizó el plazo para que los afectados por la quiebra de la entidad reclamasen las acciones que compraron en la ampliación de capital de 2016. La cifra de damnificados no es baladí: hasta 300.000 accionistas minoritarios acabaron perdiendo todo su dinero.
Pero para entender este final, primero hay que remontarse unos años atrás, más, incluso, de cuando el Banco Popular empezó a andar en la cuerda floja. Por poner algo de contexto de forma breve: la entidad fue fundada en 1926 con un capital de diez millones de pesetas y bajo el pretexto de proporcionar a cuantos utilizasen sus servicios "las mayores facilidades en toda clase de asuntos económicos y bancarios", fue abriéndose camino y ganando músculo a través de acuerdos, compras y determinadas fusiones. Hasta llegar a la década de los 90, cuando fue catalogado, durante varios años seguidos, por la agencia de calificación bancaria británica IBCA como 'el banco más rentable del mundo'. A partir de aquí llegó la época dorada del Popular, convirtiéndose en una de las grandes entidades de España, por volumen de activos. En 2016 llegó a acumular hasta 4,6 millones de clientes, tal y como se desgranaba en su informe financiero.
El 'boom inmobiliario'
El principio del fin llegaría en pleno 'boom inmobiliario' entre 2005 y 2007, cuando Ángel Ron capitaneaba la entidad. Según los expertos, el Popular cometió el error de meterse de lleno en el ladrillo, a través de la concesión de créditos a pequeños promotores y todo tipo de empresas vinculadas al negocio de la construcción. Su segundo punto de inflexión ocurrió en mayo de 2016 cuando la compañía anunció una macroampliación de capital de 2.500 millones de euros, tras arrastrar una caída bursátil del 38% en el último año. El objetivo de la operación, tal y como anunció el propio Popular, era "acelerar la normalización de su rentabilidad después de 2016 y elevar la cobertura de los créditos morosos hasta el 50%", frente al 38% actual. La idea también era cubrir su excesiva exposición al ladrillo, pues tenía la cobertura más baja de todo el sector.
Meses más tarde, el Banco Popular anunció un ERE que supuso la salida de algo más de 2.500 trabajadores, la mayoría de forma voluntaria. A este ajuste se sumó el cierre de más de 300 sucursales. Pero el Banco Popular seguía en caída libre y ni el elevado número de despidos, ni la ampliación de capital consiguieron frenar la bola de nieve que llevaba tiempo rodando cuesta abajo. En febrero de 2017, Ángel Ron presentó su dimisión. En mayo, la compañía comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había encargado a JP Morgan y Lanzard sondear el mercado para valorar si existía algún interés de compra. Ya el 2 de junio de 2017 todas las ingentes pérdidas millonarias que acumulaba la entidad, supusieron que fuera la empresa con menos valor en bolsa. Accionistas y mercados ya se habían hecho presos del pánico. No les faltaba razón. Cinco días más tarde, suspendió la cotización del Popular afectando a centenares de miles de accionistas, tras la adquisición del 100% de su capital social por parte del Banco Santander.
La compañía, de la que ahora está al frente Ana Botín, compró el banco en subasta por el precio de 1 euro, integrándose así en el Grupo Santander. Todo después de que el Banco Central Europeo (BCE) certificase la inviabilidad de la entidad. Aquel día el Popular se había convertido en el primer banco intervenido por parte de las autoridades europeas.