Iberia, Globalia, Abengoa, Duro o Celsa: Moncloa negocia una decena de rescates

El Gobierno ya tiene sobre la mesa la última red de seguridad para empresas en situación límite. El consejo de ministros tiene previsto aprobar en las próximas horas el fondo de rescate a compañías estratégicas en serias dificultades, lo que supondrá la intervención directa del Estado en estas firmas que están pasando serios apuros financieros. Moncloa y el Ministerio de Hacienda mantiene conversaciones con una decena de empresas, según explican fuentes gubernamentales a La Información, con el objetivo de salvar estas sociedades clave para el tejido empresarial al borde del precipicio y, de forma paralela, miles de puestos de trabajo.

El fondo de capitalización de 10.000 millones lo gestionará la SEPI, es decir, el Ministerio de Hacienda, y dispondrá de varios instrumentos diseñados 'ad hoc' para cada empresa que lo solicite. El Estado podrá conceder préstamos participativos, adquirir deuda subordinada o suscribir acciones u otros instrumentos de capital. El importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que se realicen se ingresará en el Tesoro Público. Estas son las bases y lo que se está negociando ahora es la letra pequeña de las ayudas. Las fuentes consultadas aseguran que la opción preferente que se está dialogando es la compra de bonos de deuda, una solución que no implicaría la adquisición de derechos y que dejaría el accionariado sin novedades.

Una de las compañías con las que mas intensamente está negociando el Gobierno es con Iberia. Con la aerolínea se busca, además, una carambola que pueda solventar, además, la delicada situación de la empresa como firma de capital anglosajón tras el inminente Brexit. La solución no es sencilla y Moncloa tiene dudas. Una opción en negociaciones pasa por lanzar un balón de oxígeno a la compañía, como ya han hecho los gobiernos alemán, francés y holandés con Lufthansa, Air France y KLM, respectivamente, para, a lo largo de los próximos meses, solucionar el problema de la 'españolidad'. Y es que el adiós británico está a la vuelta de la esquina, el 31 de diciembre, e Iberia tendría ahora mismo problemas para conseguir licencias de vuelo debido a que la regulación comunitaria sobre compañías aéreas exige una propiedad mayoritaria y un control efectivo por parte de entidades europeas.

Otra opción pasaría por que el Estado entrara en el capital de Iberia, como accionista, y formara parte, junto a IAG, del control efectivo de la compañía. Así las autoridades comunitarias no considerarían a la aerolínea como foránea y le podrían seguir permitiendo operar como hasta ahora. Se salvaría así del 'match ball' de la salida de Reino Unido de la UE. Todo está sobre la mesa, afirman, aunque desde Iberia declinan hacer comentarios al respecto.

Otra compañía que está en intensas conversaciones con el Gobierno es Globalia. Javier Hidalgo necesita 'salvar' Air Europa, esencialmente, y de paso garantizar la operación con Iberia, de ahí que esté manteniendo contactos prácticamente diarios con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, explican desde el Ejecutivo. En este caso las ayudas públicas están más definidas y se podrían hacer públicas en los próximos días, toda vez que será Globalia quien las solicite. Esta es, precisamente, una de las condiciones que ha puesto el Gobierno para los interesados en el fondo SEPI: que sean las empresas en apuras quienes demuestren su disposición y necesidad para acceder a los 10.000 millones iniciales en liza.

Con Abengoa también ha negociaciones. La compañía sevillana que preside Gonzalo Urquijo está intentando evitar el concurso de acreedores y la ayuda directa del Gobierno es la opción que están barajando. El problema es que el Estado solo entraría en empresas solventes, por lo que el fondo SEPI solo llegaría a medio plazo. Con Duro Felguera existen, del mismo modo, conversaciones avanzadas, tal y como reconoció la propia compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la tarde de este mismo jueves. La empresa asturiana estaría analizando junto con sus asesores las diferentes posibilidades existentes.

En las últimas horas Celsa se ha sumado a esta terna de empresas en posición de 'restacatables'. Moncloa tiene los ojos puestos en esta siderúrgica vasca que se encuentra en una situación límite. No sería extraño que el Estado ayudara a esta compañía que ya ha recibido la colaboración del Gobierno británico. El Ejecutivo de Boris Johnson concedió hace unos días un préstamo de emergencia a la filial de Celsa en Gales debido al parón en un sector especialmente afectado por la pandemia.

El decreto que se aprobará este martes en consejo de ministros establecerá una serie de límites temporales para que el Estado abandone el capital o venda los bonos de deuda de estas compañías estratégicas en apuros. Desde el Gobierno aseguran que todas estas ayudas se conceden en el marco de las directrices europeas y que no existe ningún interés en mantener la posición pública en las mismas. El Ejecutivo de coalición huye, de esta forma, de cualquier acusación de nacionalización de sociedades al borde del precipicio.

"Esta medida va destinada a sociedades que atraviesen severas dificultades de carácter temporal como consecuencia del COVID-19 y que sean consideradas estratégicas por diversos motivos, como pueden ser su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados", insisten desde el Gobierno.