Las eléctricas llevarán la ley Ribera a los tribunales tras el primer 'recibo' de REE

Las grandes eléctricas ya han decidido cuándo sonará el pistoletazo de salida de su batalla en los tribunales contra el real decreto ley de medidas urgentes, impulsado desde el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera para amortiguar la escalada de la factura de la luz. Las principales energéticas cotizadas que operan en España -encabezadas por Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP- esperarán hasta que Red Eléctrica (REE) pase el primer recibo de minoración de sus ingresos, a partir del 15 de octubre, para recurrir por la vía judicial el hachazo a sus beneficios derivado de la aplicación del conocido como 'decreto Ribera', según coinciden varias fuentes del sector consultadas por La Información.

El real decreto fija un tope al valor del gas que las empresas deberán tomar en consideración para calcular el precio final que cobran a sus clientes. La medida responde a la escalada de precios del gas que ha disparado, a su vez, los múltiplos del pool eléctrico. El encargo de Red Eléctrica pasa por detectar qué empresas han cobrado a sus clientes más de lo permitido en la nueva norma, siempre en función de ese máximo de referencia fijado por decreto. O lo que es lo mismo, qué compañías se han beneficiado de la aguda escalada de los precios de luz y gas. Aquellas que sean señaladas por REE deberán devolver la diferencia.

La empresa que preside Beatriz Corredor deberá notificar los importes a devolver a las eléctricas antes del día 15 de cada mes. En solo unas semanas, llegará la primera factura, correspondiente al periodo transcurrido entre la entrada en vigor del real decreto, el 16 de septiembre, y el arranque del mes de octubre. La ley obliga a las eléctricas a devolver estos importes en los 30 días siguientes a la recepción del aviso de REE, por lo que la batalla judicial no tardará en comenzar. "Las empresas van a esperar a que el operador realice la liquidación en unos días para plantear, bien una cuestión de inconstitucionalidad, bien una cuestión prejudicial", señalan fuentes próximas al conflicto consultadas por este medio.

El 'plan de choque' de Ribera ha puesto a Red Eléctrica en el foco de las eléctricas. La compañía que pilota Corredor, donde el Estado es el principal accionista (20%) a través de la SEPI, se ha visto obligada a asumir parte del papel de liquidador del sistema eléctrico que, de forma oficial, sigue ejerciendo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esto es así después de que el supervisor que dirige Cani Fernández rechazase gestionar las minoraciones, al ser requerida por el ministerio, alegando una acuciante falta de recursos propios. Fue entonces cuando Ribera encargó la labor recaudatoria a la empresa semipública .

Los gigantes del sector quieren pisar sobre seguro una vez abierto este frente judicial. Varios de estos colosos del negocio energético han recurrido a las big four -Deloitte, EY, KPMG y PwC- para analizar la validez legal del Real Decreto-ley 17/2021 que entró en vigor el pasado 16 de septiembre, según aseguran a este medio fuentes próximas al proceso. El encargo que varias energéticas han encomendado a los equipos de estas firmas de servicios profesionales, pasa por la elaboración de informes que reflejen las eventuales lagunas legales de la nueva reforma del sistema eléctrico. 

Varios de los mayores grupos energéticos del país han recurrido a las big four para analizar el 'decreto de Ribera' a fin de recopilar sus posibles lagunas legales

Desde Iberdrola se han limitado a confirmar que el grupo se halla analizando este paquete de medidas, "contamos para esta tarea con aquellas firmas con las que trabajamos habitualmente". Endesa ha declinado hacer comentarios a este medio. Por su parte, Naturgy ha señalado que está en fase de examinar el alcance y la validez jurídica del real decreto, pero que, en su caso, no han contratado los servicios de ninguna big four para esta tarea. El Gobierno no es ajeno a la cruzada que se avecina, de hecho, en el entorno de Ribera dan por sentado que el Ejecutivo deberá plantar batalla en los tribunales.

En Transición Ecológica ya hacen cábalas sobre la magnitud que alcanzará este futuro frente judicial con los pesos pesados del negocio eléctrico. Todo apunta a que será la Abogacía del Estado la que defienda al Gobierno, al igual que ocurrió con la ola de arbitrajes internacionales contra el Reino de España, derivada del recorte a las renovables que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Tampoco se descarta que el Gobierno termine buscando el apoyo de despachos privados si la entidad de la lucha en los tribunales así lo exige, según las fuentes consultadas.

El Gobierno calculó que la reforma asestaría un hachazo de 2.600 millones al conjunto de las grandes eléctricas. El impacto será menor al considerar una reciente aclaración en la que el ministerio eximió del recorte a los contratos bilaterales o PPAs. Esta matización podría llevar a las compañías que sí se vean afectadas a alegar "trato discriminatorio", según fuentes del sector. El Gobierno emitió esta puntualización como respuesta a las dudas de la propia REE. El operador habría preguntado al ministerio sobre el mecanismo exacto de aplicación del recorte de ingresos, dada la ambigüedad con la que el texto legal se refiere a estos acuerdos de compraventa de energía a largo plazo.