Las fusiones y la pugna comercial apuntan a otra ola de recortes laborales en telecos
El sector de las telecomunicaciones españolas vive una nueva réplica de la sacudida que se ha alargado durante los últimos años. La fusión de Orange y Másmóvil y la compra de Vodafone por Zegona junto con la guerra comercial, que se ha intensificado aún más en el segmento ‘low cost’, abren la puerta a otra ola de recortes laborales. Las plantillas de Masorange y la de la antigua operadora británica temen ajustes después del ERE de Telefónica, que se saldó con más de 3.400 salida voluntarias, y del de Avatel, cuyas primeras cifras apuntan a más de 800 afectados. La venta de la red fija de Digi, con un equipo propio de más de 7.700 empleados, también ha puesto en guardia a los sindicatos.
“Al proceso de despido colectivo ya iniciado en Avatel, estamos seguros de que se sumarán otros en breve plazo, sobre todo si se confirman los rumores acerca de Zegona”. El sindicato UGT dejó claro la semana pasada a través de una carta a la secretaria de Estado de Telecomunicaciones, María González Veracruz, su visión sobre lo que venía durante los próximos meses en el sector. Daba por hecho que habría más recortes laborales y alertaba del “fracaso a la hora de proteger un elemento tan valioso como es el empleo tecnológico”.
En este momento del mercado se dan dos factores claros que alimentan esta nueva ola de recortes. Uno de ellos es la reconfiguración corporativa del sector, con una serie de movimientos que en no pocos casos implican ajustes de estructura y optimización de los costes al máximo. El otro es una guerra comercial que, con mayor o menor intensidad, ha estado presente en los últimos años. Esa reordenación de los grupos se ha escenificado con la fusión de Masorange, que coloca la plantilla conjunta en los 8.300 trabajadores; la venta de Vodafone a Zegona; la enajenación de infraestructura fija por Digi, y la necesidad de ajuste de Avatel después de un interés no materializado de adquisición por otros operadores o potenciales inversores.
La guerra comercial ha sumado varios grados más en la temperatura especialmente en el segmento del bajo coste. Y la prueba también está en lo que ha sucedido con Lowi en Vodafone, con la introducción de contenidos audiovisuales en su oferta o con la bajada de precios para igualar la barrera psicológica de los 20 euros de los paquetes convergentes de Digi. Los ingresos de las operadoras siguen sin remontar pese a que ha habido un enfriamiento de las portabilidades, tras los picos de más de 720.000 mensuales en la batalla por el fútbol años atrás.
Telefónica elevó ingresos un 1% en el primer trimestre y el Ebitda subió apenas un 0,2%. La operadora trató de lanzar el mensaje de que los ajustes de plantilla con el ERE darían sus frutos más adelante en el año. Vodafone España recortó las ventas un 1,6% en el año fiscal que acaba en marzo -y un 2,9% los ingresos por servicio en el periodo entre enero y marzo- aunque las pérdidas se redujeron mucho por los ajustes de costes. Orange recortó la facturación un 1,3% en el ejercicio, aunque tuvo un peso importante el cambio regulatorio del negocio de la terminación de llamadas. Y Másmóvil subió apenas un 3%. Los primeros ejecutivos daban por hecho que el escenario no cambiará de manera relevante, pese a la reducción de operadores debido a la fuerte presencia de Digi y el previsible cambio de estrategia de Vodafone.
Los frentes laborales
En este contexto, el primer frente laboral ya abierto es el de Avatel. El quinto operador ‘de facto’ del país ha vivido una actividad frenética de consolidación de operadores más pequeños durante los últimos años. Tras la compra frustrada de Lyntia Access y el cambio de estrategia hacia una mayor estabilización -entre potenciales acercamientos de otros operadores para adquirir-, el grupo ha decidido recortar de manera muy significativa los costes laborales. La primera propuesta del ERE plantea una afección de 849 trabajadores de los 2.200 en total. Pese a que haya un ajuste durante la negociación con el comité de empresa, la cifra seguirá siendo muy alta.
Los otros dos focos están en Vodafone España y Masorange. La primera pasará a manos de Zegona a finales de este mes y los sindicatos han encendido todas las alarmas después de que el Gobierno pasara de puntillas por los compromisos de empleo. El comité teme que haya otro ERE con cientos de afectados. La segunda ha defendido, en boca de su consejero delegado, Meinrad Spenger, que no habrá salidas forzosas pero ya se ha abierto a planes de salidas voluntarias -que se sumaría también a los movimientos ante el solapamiento en los equipos directivos-. Ya en 2021 hubo un ERE en Orange con prejubilaciones y salidas voluntarias que afectó a unos 400 trabajadores.
Hay una incógnita con el cuarto operador, la rumana Digi. El grupo ha vendido seis millones de accesos de fibra óptica por un importe de 750 millones de euros a los fondos Macquaire Capital, Aberdeen y Arjun Infrastructure Partners, propietarios de Onivia. Desde los sindicatos se muestran expectantes ante las implicaciones que podría tener desde el punto de vista laboral. Lo habitual en estas transacciones es que lleven consigo recorte de personal, pues en el caso de esta teleco cuenta con todos los empleados para instalación y mantenimiento contratados de manera directa. El año 2023 lo cerró con una plantilla de 7.700 trabajadores con algo menos de 600 temporales. De ellos, unos 2.570 están incluidos en la categoría de ‘Construcción’, vinculada a las redes.
El antecedente de todos estos movimientos es el ERE de Telefónica que finalmente afectará a más de 3.400 personas, aunque todas apuntadas de manera voluntaria ante el temor de salidas forzosas. En los últimos años, la pérdida laboral del sector no ha dejado de incrementarse. Como aseguraba la propia UGT en aquella carta a la secretaria de Estado, se ha pasado de las más de 96.000 personas empleadas en 1998 -año de la liberalización completa del sector- a menos de 25.000 en la actualidad entre las tres principales operadoras. Después de todo el periplo regulatorio y corporativo, ahora llega un 2024 de encaje de piezas y de ajustes. Los sindicatos temen más tijeretazos.