Los sindicatos alertan de un despido colectivo en Indra, el primero en la Sepi
Organizaciones sindicales en Indra han alertado ante un potencial despido colectivo en la plantilla. Lo hacen después de que la división de soluciones de tecnologías de la información, que emplea a más de 39.000 empleados en todo el mundo, haya comunicado el inicio de ese procedimiento legal. La empresa, con un 18% de participación del Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), ya anunció hace meses su intención de abordar, en negociaciones con los representantes de los trabajadores, una serie de medidas de eficiencia para adaptar la estructura corporativa a la demanda actual del mercado.
El presidente del conglomerado español, Fernando Abril-Martorell, hizo una semblanza de la situación económica durante la junta general de accionistas celebrada en julio. Señaló una "intensa contracción" de la actividad de sus clientes y un potencial retraso en algunos de los proyectos, lo que podría impactar en la rentabilidad por una mayor presión a la baja en los precios. "Debemos actuar a corto plazo sobre nuestra eficiencia y competitividad, perjudicadas por el impacto de la crisis", apuntaba. Sólo un mes después hizo públicos los números del primer semestre: 75 millones de euros de pérdidas, tras una caída del 4% en los ingresos, lo que le llevó a reducir sus previsiones para lo que restaba de ejercicio.
Dos meses después de mostrar esos números, la compañía busca abordar medidas de ajuste en diálogo con los representantes de los trabajadores en el marco de un "plan de acción para superar sus actuales dificultades relacionadas con la crisis". Dentro de esa hoja de ruta se encuentran iniciativas como la reducción de costes, la mejora de procesos internos y nuevos modelos de trabajo, la reordenación de la inversión en Capex o los cambios en la plantilla.
Respecto a ese último punto, la pasada semana desde la dirección de relaciones laborales se pusieron en contacto con los sindicatos para comunicar formalmente el inicio de un procedimiento de despido colectivo, previsto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, junto con otras medidas complementarias. El objetivo es que este procedimiento afecte a todos los centros de la división, pero no hay aún una cifra oficial, según explican fuentes sindicales, quienes indican que ahora se debe nombrar un máximo de 13 miembros de la comisión representativa de los trabajadores en un plazo máximo de quince días.
La comunicación oficial de este proceso formal se hace por parte de la división de Servicios de Tecnologías de la Información (TI), conocida como Minsait -la otra gran filial es la de transporte y defensa, más dependiente de la contratación pública-. En esta área, según el último reporte semestral entregado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuenta con 39.150 empleados, que representan casi 2.000 menos respecto a los que tenía a cierre del pasado ejercicio. A estos habría que sumar el resto de grupos hasta sumar una plantilla total de 48.230, de los que unos 30.000 tienen su centro de operaciones en España.
Primero importante en la Sepi
Ahora se inicia un proceso de negociación colectiva que podría alargarse durante semanas. Queda por ver si, finalmente, se alcanza un acuerdo con los sindicatos sobre el ajuste. En caso de que saliera adelante el despido colectivo sería el primero que se da en el núcleo duro de las empresas de mayor tamaño con una participación significativa en manos del Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). En este grupo no se incluye Alestis, que ha planteado casi 600 despidos, o Airbus que ha abierto negociaciones para alcanzar el recorte de 1.600 puestos de trabajo con salidas, en una primera fase, "voluntarias". Ambas son de un tamaño mucho menor que el de Indra y, además, la segunda tiene una participación estatal muy minoritaria (4,1%).
En caso de que Abril-Martorell y la dirección lleguen a un acuerdo con los sindicatos para un despido colectivo, se trataría del primero que se firma en cuatro años. El último ajuste importante de plantilla tuvo lugar en el año 2015, cuando se ejecutó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para un máximo de hasta 1.750 empleados. Varios sindicatos no firmaron el acuerdo y acudieron a los tribunales para revocarlo. El Tribunal Supremo confirmó la validez del procedimiento por causas económicas. Posteriormente ha habido planes menores de prejubilaciones. El último fue precisamente el año pasado, al que se podían acoger empleados de más de 60 años.
Suspensión del ERTE
Como antecedente a esta negociación que se inicia ahora se encuentra la decisión de la dirección de la consultora tecnológica española de dejar en suspenso el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores y ante las reticencias del Estado. A principios del mes de abril, apenas dos semanas después de que estallara la pandemia y se iniciara el confinamiento en España y en otros países, la compañía retiró su propuesta de ERTE para un máximo del 6% de la plantilla en España y de rebaja salarial de entre el 5% y el 25%. Lo hacía "en la confianza de que en el momento que sea necesario apoye las decisiones que se deban tomar".
Al margen de estas medidas laborales, el presidente de la compañía pidió el pasado mes de septiembre que se emulen los Pactos de la Moncloa de 1977 para dar el impulso estratégico a la transformación que España necesita en estos momentos de crisis y ha destacado la apuesta por el I+D, la tecnología y la reindustrialización como vía para mejorar la productividad, la competitividad y el empleo en el país. En este punto, Abril-Martorell resaltó iniciativas como la Estrategia Digital del Gobierno que ya están en marcha y en buen camino."Apoyamos plenamente al Gobierno en esta estrategia. La tecnología es clave. Las sociedades y economías más innovadoras son capaces de crecer más y atraer mayor riqueza y empleo de calidad", señaló.