Maroto deja en el aire los apoyos a la gran industria ante la crisis del turismo
Las empresas exigen al Ejecutivo que apruebe las medidas en su actual redacción aunque haya que reformarlas posteriormente.
La manta no da para cubrir a la vez cabeza y pies. El desplome del turismo ha relegado a un segundo plano los problemas de la industria que reclama desde hace más de año y medio la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo para rebajar la factura energética y alinear al sector con los competidores en otros países. Las empresas afectadas creen que el Gobierno y el ministerio más implicado en el proceso -el de Industria, Comercio y Turismo que dirige Reyes Maroto- están volcando los esfuerzos en taponar la hemorragia del turismo mientras aplaza las medidas de apoyo a la industria.
Organizaciones como la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel) exigen al Ejecutivo que apruebe ya el Estatuto en su actual redacción aunque haya que reformarlo posteriormente para incluir otras herramientas como compensaciones sobre los peajes de transporte y distribución. Representantes de la gran industria han mantenido en las últimas semanas reuniones con el área de Energía del Ministerio de Transición Ecológica y con el ministerio de Maroto. Pero no hay resultados. Fuentes ministeriales confirman que las medidas de apoyo quedan para más adelante, probablemente para después del paréntesis de agosto.
Las compañías más afectadas por la crisis reclaman un punto de partida inmediato para participar en el reparto de los fondos europeos de reconstrucción que, entre otros sectores, se dirigen a las industrias intensivas en energía. Hay prisa porque ha desaparecido el principal mecanismo para reducir el coste de la factura eléctrica, la interrumpibilidad. La última subasta, celebrada a finales del pasado año, apenas repartió cinco millones a las empresas.
Revuelo por cierres
Las compañías, en pleno revuelo por los cierres de Alcoa y de Nissan, quieren más. Empresas e industrias consideran insuficientes las ayudas previstas. El Estatuto, en su última versión, contempla rebajas de hasta el 85% en la parte fija del recibo; compensaciones por los costes indirectos del CO2 y financiación pública para contratos de electricidad a largo plazo. En total, en torno a los 300 millones. Pero las empresas esperaban más, porque no alcanza las marcas de apoyo que aplican Francia o Alemania y tampoco concreta las partidas presupuestarias que lo respaldan. Las ayudas quedan muy lejos de los más de 580 millones anuales que llegó a ingresar la industria con el sistema de la interrumpibilidad.
Las empresas que opten a las ayudas tendrán que cumplir una serie de requisitos. Para empezar, tendrán que consumir un mínimo anual de 1GWh al año y tendrán que pertenecer a sectores industriales beneficiarios de ayudas en materia de energía y clima. Además, deberán consumir el 50% de la energía en horas valle. Con estos requisitos hay 600 potenciales beneficiarias, de las que 153 funcionan en Cataluña; 44 en el País vasco; 31 en Galicia; 19 en Asturias y otras 19 en Madrid.
Los negociadores de las grandes empresa recuerdan siempre que fue el Gobierno quien reconoció en 2018 la necesidad de tomar medidas para aliviar la carga que supone la carestía de la energía para la industria. Lo hizo en el Real Decreto 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética: la energía, dice la norma "representa un insumo principal en los procesos productivos de las empresas, industrias y cooperativas, así como en el sector primario, condicionando la productividad y competitividad de estos sectores".
Dos años de malestar
Las industrias piden concreción. El malestar dura ya dos años. No se trata sólo de la industria. También las grandes empresas agrupadas en la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) han manifestado durante meses su inquietud al Ejecutivo. Están todas las grandes: Acerinox, Megasa, Air Liquide, Atlantic Cooper, las petroleras de AOP, Ercros, Fertiberia, Cementos Molins y un largo etcétera de compañías. Total: 300.000 millones de facturación y tres millones de empleos agrupados especialmente -datos de los ministerios de Industria y de Transición-en Cataluña, con 153 grandes centros industriales; País Vasco (44); Galicia (31), Asturias (19) y Madrid (19).
El secretario general de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, Andrés Barceló, resumió así la situación: "Llevamos esperando y hablando desde 2018, y como en el día de la marmota (la ayuda) siempre se queda a la puerta". Con el Estatuto Electrointensivo pendiente, Transición Ecológica e Industria no han cerrado todavía unas ayudas que dependen de la negociación presupuestaria. Sí han concretado, sin embargo, alguna de las partidas. Así, habrá 90 millones para rebajar los cargos de la parte fija de la factura hasta en un 85% y 172 millones para compensar los costes del CO2 que pagan las compañías a través del recibo. El resto, hasta superar probablemente los 300 millones, corresponde a un fondo público para que las empresas firmen contratos de suministro de energía limpia a largo plazo -más de cinco años-.