Maroto se sienta a la mesa de Alcoa para 'controlar' el cumplimiento del acuerdo

Tras el acuerdo, llega una nueva fase para los trabajadores de la planta de aluminio. El pacto entre Alcoa y el comité de empresa de la fábrica de Cervo (Lugo), según el cual la planta de aluminio dejará de producir durante dos años y la multinacional se compromete a no acometer ningún despido colectivo, ha sido firmado este miércoles. Este jueves por la mañana se celebra, con la participación de la ministra de Industria, Reyes Maroto, la primera reunión de la comisión de seguimiento. La titular de la cartera ha considerado este jueves que es momento de ser “ambiciosos” para “conseguir cuanto antes el 'rearranque'” de la fábrica.

De este modo, ambas partes escenificarán el pacto, mientras que los representantes públicos reivindicarán su compromiso por el mantenimiento del empleo y la actividad en San Cibrao. La plantilla avaló la oferta propuesta por la multinacional en un referéndum celebrado durante toda la jornada del martes. Ese día, el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, avisó de que el cese de la producción puede suponer "una salida en falso" al conflicto.

Por su parte, el presidente del comité, José Antonio Zan, ha interpretado el resultado de la votación de los trabajadores como el triunfo de la opción "menos mala". El Gobierno central, a través del departamento de Maroto y también del delegado del Gobierno, celebraron la noticia de cara a conseguir la viabilidad de la factoría.

Alcoa se compromete, y así ha quedado por escrito, a trabajar para alcanzar lo antes posible preacuerdos de suministro eléctrico para un período a medio y largo plazo, a partir de 2024, y de al menos diez años, de forma que se pueda alcanzar un precio de la energía mínimamente competitivo. Esta propuesta, que ha sido refrendada, estaba condicionada a la desconvocatoria de la huelga actual y al mantenimiento de la paz social hasta, al menos, el 30 de junio de 2024.

Por otra parte, la multinacional se compromete a efectuar un depósito bancario por importe de 103 millones de euros, resultado de la suma de las inversiones comprometidas y coste del rearranque de las instalaciones, a disposición de Aluminio Español S.L. y cuya gestión sería compartida con el comité de empresa, bajo la fiscalización de las administraciones.

Según la propuesta, con carácter mensual se irían liberando los importes justificados de las inversiones que se fueran ejecutando, siempre con el consentimiento del comité, quedando el restante a disposición de un tercero en caso de incumplimiento. A cambio, los trabajadores debían aceptar, como ha ocurrido, el cese temporal con parada programada de la actividad durante dos años en Electrolisis y Electrodos a partir del 1 de enero de 2022, con finalización del proceso en tres semanas.

"Los compromisos con los clientes no se verían afectados. Alcoa optimizaría la refusión del aluminio primario durante el periodo de huelga"

El rearranque al 100% (actualmente en el 85%) de la actividad se produciría a partir del 1 de enero de 2024, con una estimación de 6 meses para el reinicio de la actividad y una reserva de 35 millones de euros para realizar las operaciones necesarias. Seguirá no obstante la actividad en Fundición y en la Planta de Alúmina, para lo que la compañía ha facilitado el plan comercial durante estos años, a razón de 65.000 toneladas anuales de tocho y previsión de venta de 25.000 toneladas anuales de placa de aluminio.

De ese modo, “los compromisos con los clientes no se verían afectados. Alcoa optimizaría la refusión del aluminio primario producido durante el periodo de huelga, así como el de otros suministradores”, señala la nota de la dueña de las instalaciones. Otra de las claves de la propuesta es el compromiso por parte de la empresa de que no realizará ningún tipo de proceso de despido colectivo durante cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2025, además de darle luz verde a un nuevo convenio colectivo con vigencia de seis años -de 2020 a 2025-.