Red Eléctrica se suma a la batalla de Iberdrola, Endesa y Naturgy por una mayor retribución por las redes

Red Eléctrica incrementa la presión sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y se suma a la batalla Iberdrola, Endesa y Naturgy por conseguir una mayor retribución por las redes. El operador del sistema eléctrico ha presentado un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución del regulador por la que se establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para el año 2021

El regulador estipuló una retribución para Red Eléctrica de 1.472 millones. Hay que señalar que aunque la resolución es para 2021, en realidad corresponde a las inversiones realizadas en 2019. Tanto para el transporte como la distribución eléctrica es de esta manera porque la retribución a la inversión se refiere a todas las instalaciones que están en servicio en el año n-2.

Según las alegaciones presentadas en su momento por la empresa, se le deberían reconocer la retribución por inversión y por operación y mantenimiento a todas aquellas instalaciones que no estuvieran conectadas a la red, pero que dispongan de autorización de explotación, estén planificadas y se encuentren disponibles para prestar servicio al sistema. Distingue las siguientes casuísticas: instalaciones (transformadores) que han estado en servicio y conectados y que, antes de agotar su vida útil se han desconectado temporalmente; instalaciones finalizadas con acta de puesta en servicio no conectadas; e instalaciones planificadas como reservas. 

Discusión recurrente entre el operador y la CNMC

Asimismo, sobre el valor de inversión de incorporaciones a la red de transporte en el ejercicio 2019 (nuevas inversiones), Red Eléctrica alega que se ha calculado de forma errónea el valor de inversión con derecho a retribución para algunas de las instalaciones que se han incorporado a la red de transporte en el ejercicio 2019 tras la correspondiente transmisión de titularidad. Finalmente, sobre la retribución de 'otras tipologías', defiende que las máquinas de Magallón y Torres del Segre (redireccionadores de flujo) no han sido consideradas en el cálculo retributivo. Dichas instalaciones tienen fecha de puesta en servicio del año 2013, pero han sido declaradas por primera vez en las auditorías correspondientes a las instalaciones puestas en servicio en 2019.

Fuentes del sector explican a La Información que entre Red Eléctrica y la CNMC siempre ha existido la discusión de las instalaciones de reserva que no se las retribuyen. Este último motivo impacta en la empresa en 2021 en algo más de un millón de retribución. Desde la empresa no hacen comentarios. El nuevo recurso llega en un momento en el que todo el sector de la energía tiene el ojo puesto sobre cómo cambiará el modelo retributivo para el próximo periodo regulatorio, que abarcará de 2026 a 2031, y en el que las grandes distribuidoras están a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo con el que previsiblemente se les reconocerá una mayor retribución.

El Alto Tribunal ya ha dictado las primeras sentencias relacionadas con las reclamaciones que las distribuidoras eléctricas presentaron sobre la retribución de 2019 (inversiones de 2017), tal y como avanzó este medio, pero hasta la fecha lo ha hecho en casos relacionados con empresas de menor tamaño. No obstante, abre la veda a compensaciones millonarias. Las fuentes consultadas señalan que se espera el mismo resultado ante las reclamaciones de las grandes distribuidoras, que son Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa (Naturgy) y EDP. Por su parte, las más pequeñas, que son centenares, están integradas en asociaciones como CIDE o la Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME). 

En una de las sentencias, el Tribunal Supremo considera casi en la totalidad la retribución por operación y mantenimiento asociada a la labor realizada por la empresa distribuidora que no está directamente ligada a los activos eléctricos, conocida en términos técnicos y legales como ROMNLAE. Las mismas fuentes explican a este periódico que el hecho de no considerar en ROMNLAE los gastos de personal por no justificarlos inicialmente, no puede prevalecer sobre lo dispuesto en la Circular 6/2019 sobre retribución a las distribuidoras.

Crece la presión sobre el regulador

En este sentido, aumenta la presión sobre el organismo que preside Cani Fernández en pleno proceso de cambio por la resurrección de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y a falta de ocupar varias vacantes. Las distribuidoras están apretando para que aumente la tasa de retribución financiera (TRF) y para que se modifiquen los valores unitarios (inversión, operaciones y mantenimiento, otras tareas reguladas, etc), que no han cambiado desde que se fijaron hace ya más de una década. Por su parte, la CNMC ha abierto la puerta a fijar un mecanismo de retribución 'ex-ante' para las eléctricas en función de los gastos previstos, estableciendo una recompensa (o penalización) por las eficiencias (o sobrecostes) conseguidas por las distribuidoras al finalizar el periodo regulatorio.

Competencia lanzó a consulta pública la revisión de la metodología de cálculo de la TRF para la actividad de distribución eléctrica establecida en la Circular 2/2019 de cara al tercer periodo regulatorio, que abarcará de 2026 a 2031. También realizará un análisis sobre el marco retributivo. Según la CNMC, la metodología ha de adaptarse a los cambios derivados del proceso de descarbonización, asegurando el equilibrio entre el desarrollo de infraestructuras, un uso eficiente de las redes existentes y la incorporación de las nuevas funcionalidades que se espera de las mismas asociadas a la digitalización y a las nuevas figuras que emergen en el mercado eléctrico. El sector ha advertido en varias ocasiones de fugas de inversiones si no se produce este cambio. 

El sector espera que aumente el límite a la inversión

Otro melón abierto es el aumento del tope a la inversión. La actual normativa limita en el 0,065% del PIB de España la inversión anual para el transporte y en el 0,13% para la distribución. El Ministerio para la Transición Ecológica ya está trabajando en adaptar este 'cap' al nuevo contexto energético y regulatorio. La Asociación para la Transición Energética (ATE) propone directamente que se elimine y, en su lugar, se fije un sistema flexible ajustable con carácter anual, basado en la demanda, y bajo parámetros de eficiencia y coordinación con la política energética. 

También propone la aprobación de un modelo de inversiones anticipadas, con guías a cinco y diez años revisables anualmente. "Si bien en términos generales las inversiones para nuevas conexiones reducen peajes, se propone la Creación de un Fondo Nacional para la Financiación de peajes eléctricos de inversiones anticipadas, financiado con créditos del Plan de Recuperación, así como colaboración público-privada, y que permitiría cubrir los costes de nuevas inversiones anticipadas sin impactar negativamente en las tarifas de los consumidores", señalan desde el 'lobby' energético.