La resistencia del Gobierno a reducir los avales de los PERTE excluye a las pymes
El ritmo de ejecución de los fondos europeos se ha convertido en un problema de primer orden, en el que sobresale el fiasco de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica). El Gobierno generó grandes expectativas alrededor de estos mecanismos de colaboración público privada que, más de un año después de su lanzamiento, han tenido un impacto casi inexistente para la economía española. Destaca el caso de las pymes, para las que la resistencia del Ejecutivo a flexibilizar el régimen de cofinanciación de los PERTE, se ha convertido en un obstáculo muchas veces insalvable.
Las pequeñas y medianas empresas se están quedando fuera de muchas convocatorias por sus limitaciones financieras. Así lo afirman fuentes del ámbito empresarial que señalan que hace tiempo que trasladaron al Gobierno, a través de distintos ministerios, la conveniencia de modificar el régimen de garantías de los PERTE para adaptarlo a la realidad del tejido empresarial español.
Según el marco normativo de los PERTE, cada empresa propuesta como candidata a las ayudas debe acudir con un resguardo de constitución de garantía antes, incluso, de ser seleccionada oficialmente como beneficiaria. En muchos casos, estas compañías arrastran unas cuentas muy deterioradas por el efecto de la pandemia y, en la coyuntura actual, se topan con unos bancos cada vez más reticentes a abrir el grifo. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Las entidades no conceden el aval por no contar con la garantía de los fondos públicos y la pyme no puede acceder a los fondos públicos por no contar con la garantía del banco.
La norma tampoco deja mucho tiempo para buscar vías de financiación alternativa. Las empresas deben presentar los avales en un plazo de quince días hábiles desde su requerimiento. Cada ministerio, además, impone sus propias condiciones respecto a la magnitud de estos avales que, en muchos casos, asciende al monto total de la ayuda a percibir.
En el caso del PERTE del vehículo eléctrico, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de julio de 2021, se exige una primera garantía, que debe ser presentada con anterioridad a la resolución de concesión, por importe del 100% del primer tramo de la ayuda si esta es en forma de subvención. Del 20% si se trata de un préstamo.
Después, antes de percibir el segundo tramo, deben presentarse garantías adicionales que pueden ir del 10% al 100% de la cuantía total de ese segundo desembolso de fondos públicos. El porcentaje depende de los compromisos de ejecución que hayan asumido las compañías beneficiarias a 15 de septiembre de 2023. Durante todo el proceso, la falta de constitución y acreditación ante el órgano competente de las garantías supone considerar a la empresa solicitante como "desistido de la petición".
Incluso en aquellos casos en que solo alguno de los miembros de un consorcio haya incumplido el régimen de garantías, el marco normativo de los PERTE contempla que si esto impacta en la estructura obligatoria del proyecto tractor hasta el punto de romper con lo establecido, "se tendrá por desistida la solicitud completa del proyecto tractor". En definitiva, la falta de una de estas compañías puede hacer encallar la iniciativa en su conjunto.
El último informe de CEOE revela que solo ha llegado al tejido productivo español un 27% de los fondos procedentes de Bruselas
Tanto la envergadura de los avales, como el escaso margen temporal que concede la Administración suponen un escollo para las empresas de menor tamaño, algo que está afectando a la velocidad de ejecución de las ayudas y también al impacto de los fondos a pie de calle. La cuestión estalló este martes en el Congreso.
Durante la sesión de control al Gobierno, la bancada del Partido Popular interpeló al Ejecutivo sobre los avances en la ejecución de los fondos europeos y, en concreto, sobre el "fracaso" del PERTE del vehículo eléctrico. "El diseño, los requerimientos y el calendario del PERTE no se adapta a las necesidades del sector", afirmó la diputada del PP y exministra, Elvira Rodríguez, quien citó como ejemplo el paso atrás de uno de sus principales adjudicatarios, Grupo Ford, que ha renunciado a las ayudas al no verse en disposición de cumplir con los plazos marcados.
El último informe de seguimiento elaborado por la CEOE, a partir de los datos de ejecución presupuestaria de la Intervención General del Estado (IGAE) hasta el pasado abril, indica que solo ha calado en el tejido productivo un 27% del total de los fondos llegados desde Bruselas o, lo que es lo mismo, 1 de cada 4 euros. Esto implica que únicamente se han ejecutado fondos "de manera real" por importe de 805 millones de euros de los cerca de 3.000 millones que el Estado gestiona de manera directa. Desde el Gobierno insisten en que será este año cuando la ejecución de los fondos Next Generation alcance la velocidad de crucero.