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Junto a sus socios Claro y TIM

Telefónica aprieta a Brasil en la compra de Oi y avisa del riesgo de restricciones

Oi
EFE

La compra de la división móvil de la brasileña Oi por Telefónica, TIM y Claro ya tuvo un primer refrendo, pero no el definitivo. Y la española y sus socios no quieren que se demore más, ni que haya más restricciones. Por ello, en una carta remitida al regulador de la competencia del país (Cade), los tres grupos apremian al organismo para que apruebe cuanto antes la transacción con las medidas correctoras que ellas voluntariamente han puesto sobre la mesa para compensar la concentración de poder. Y avisan que si le obliga a vender parte de los activos que ahora compran "descarrilaría por completo los beneficios ya demostrados".

La Superintendencia General del regulador, encargada de llevar todo el proceso técnico y análisis previo, propuso a principios del pasado mes de noviembre al máximo órgano de decisión que se le diera 'luz verde' a la operación en base a unas restricciones cuyo contenido completo no se ha hecho público y que tienen que ver con el acceso obligatorio y vigilado a la red móvil por parte de terceros en acuerdos mayoristas. Era un primer paso, pero no el último. A partir de ahí hubo una nueva ronda de entrevistas que se han mantenido en las últimas semanas.

En un último escrito, presentado a comienzos de la pasada semana y consultado por La Información, tanto Telefónica como el resto aseguran que están convencidos de que la transacción debe ser aprobada sin restricciones, especialmente a la luz de los antecedentes en el sector. Aún así han presentado ese acuerdo de mínimos de restricciones. "Se requiere el rápido análisis y aprobación mediante este acuerdo negociado, que contiene medidas enérgicas, adecuadas y más que suficientes para ampliar el acceso a los elementos de la red móvil, sin comprometer la racionalidad y eficiencia de la operación", concluyen.

Se agarran a lo que ya señaló el Superintendente, argumentando que unas restricciones estructurales -venta de activos- serían "muy desproporcionadas y con una efectividad cuestionable y comprometerían significativamente las importantes eficiencias derivadas de la operación". Entienden que echarían por tierra buena parte de los ahorros que implica a largo plazo frente a la inversión inicial (en el caso de Telefónica se compra su parte por casi 900 millones de euros). En este sentido, tanto la teleco presidida por José María Álvarez Pallete como la del magnate mexicano Carlos Slim tienen experiencia en este sentido. Precisamente hace ahora algo más de un año decidieron romper el acuerdo de venta de la filial española de El Salvador después de que la autoridad de la competencia del país le exigiera renunciar de manera irrevocable al derecho de explotación de buena parte del espectro radioeléctrico con cobertura nacional.

No quieren que el regulador interprete esta operación como una reducción de cuatro a tres operadores, lo que llevaría a antecedentes con 'remedios' más duros. ¿Cómo lo justifica? "Es una salida voluntaria de un rival que ya no pudo competir a largo plazo, con una red precaria, consolidando la presencia del tercer jugador con presencia nacional como un competidor más fuerte y efectivo". Es decir, quieren hacer ver que no es una venta, sino más bien un rescate. Recientemente, los responsables de Oi ofrecieron detalles de las cuentas del tercer trimestre de este año, insistiendo en que volvían al crecimiento de ingresos móviles.

Para tratar de consolidar esa visión, Telefónica y el resto pone de ejemplo el resultado final de la subasta de espectro radioeléctrico 5G recientemente celebrada en el país y que representó la oferta más grande de este tipo de frecuencias que se ha hecho en la historia. Señalan claramente a otros rivales que han tratado de frenar la operación, como Algar Telecom y otras organizaciones de proveedores de red más pequeños, haciendo hincapié en que su participación ha sido "muy tímida", lo que les dejaría, según ellos, sin argumentos sobre una "supuesta escasez de espectro".

El acuerdo de cesión obligatoria del acceso a la red móvil es el que se ha negociado y pactado con el Superintendente en los últimos meses. Y con él, según las compradoras, se podrá llevar a cabo por parte de operadores más pequeños un "aprovechamiento gratuito" de las infraestructuras, sin la necesidad de realizar inversiones significativas para tener un rendimiento económico en un mercado especialmente duro como el brasileño. Aún así, como ellos mismos han admitido repetidamente, la escala en este negocio, debido a esa presión sobre los precios y a los reducidos márgenes comerciales, es clave para poder competir.

Por su parte, los rivales brasileños siguen tratando de apretar no sólo para frenar el acuerdo y la 'luz verde' definitiva a la operación, sino también para que haya luz y taquígrafos respecto al pacto de restricciones negociado con las compradoras. Algar Telecom entiende que las restricciones 'conductuales' ofrecidas "no son suficientes para mitigar todas las preocupaciones de competencia", por lo que exige más. Es lo que sucede con la asociación de operadores Telcomp, que va más allá y plantea algunas de estas medidas, entre las que incluso propone la adopción de 'murallas chinas' entre los compradores o el ofrecimiento por parte de éstos de "roaming indiscriminado".

Periodista económico nacido en tierras andaluzas (Jaén, 1983). Me incorporé al equipo de La Información a principios del año 2018 para cubrir el sector de las telecomunicaciones, las startups y las grandes empresas tecnológicas. Anteriormente, me ocupé de la misma área informativa en el diario 'El Español' desde su fundación. Durante los años previos colaboré en diversos medios como 'El Confidencial', 'Expansión' y las revistas 'Forbes' o 'Emprendedores'.

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