El TJUE tumba el límite de las VTC frente al taxi pero permite exigir un título 'extra'
Pronunciamiento mixto del Tribunal de Justicia de la UE, que deja el panorama abierto. Los magistrados han confirmado que la ratio 1-30 que limita las licencias VTC, utilizadas por compañías como Uber o Cabify, respecto al taxi incumple la normativa europea y, por tanto, es contrario al derecho comunitario. Sin embargo, creen que exigir la obtención de un permiso adicional al previsto a nivel nacional, como hace Cataluña y otras comunidades autónomas, "puede resultar necesario para la buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público". Es decir, esto abre la puerta a la 'luz verde' a autorizaciones solicitadas ante el Tribunal Supremo, pero deja en manos de las regiones imponer un nuevo filtro.
En la sentencia, el Tribunal de Justicia señala que tanto la ratio 1-30 como la exigencia de una segunda licencia son dos medidas que suponen, como era de esperar, una restricción al ejercicio de la libertad de establecimiento, al limitar el acceso al mercado a todo recién llegado y reduce el número de prestadores de servicios VTC establecidos. El tribunal analiza si existe una justificación por una razón imperiosa de interés general para ejecutarlas. Y sobre la segunda licencia, sí cree que pueda ser necesaria.
"El objetivo de garantizar la viabilidad económica de los servicios del taxi es un motivo de carácter puramente económico que no puede constituir una de esas razones", asegura el tribunal. Cree que la exigencia de la autorización previa por parte de las comunidades puede considerarse necesaria para alcanzar esos objetivos medioambientales. Pero entiende que debe basarse en "criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que excluyan cualquier arbitrariedad y que no se solapen con los controles ya efectuados" a nivel nacional.
La clave radica en qué se puede entender por criterios objetivos y que no incluyan un solapamiento sobre controles existentes. Para Unauto VTC, una de las patronales del sector, esa justificación está "muy alejada" de algunas de las restricciones recientes como la longitud mínima exigida por la Generalitat de Cataluña para cumplir con esa segunda licencia. "Los argumentos pondrían en cuestión gran parte de las restricciones que en los últimos años las autoridades de Aragón, Baleares, Cataluña o Valencia han impuesto a las VTC durante los últimos años", aseguran.
La patronal de la VTC Unauto cree que los argumentos del TJUE "pondrían en cuestión gran parte de las restricciones de los últimos años"
Por su parte, la asociación Élite Taxi, una de las que participaban como parte interesada en el proceso, aplaude también la sentencia y asegura que en Cataluña existen "informes que justifican que no cabe una VTC más", por lo que entienden que esos límites del decreto ley catalán a través de la segunda licencia estarían respaldados jurídicamente.
Ese 'trazo fino' sobre los criterios para esa segunda licencia está reservado para el Supremo que será el que, a la postre, ordene la situación e imponga la jurisprudencia nacional. "Es preciso que los criterios aplicables sean apropiados para garantizar de forma congruente y sistemática, la consecución de esos objetivos, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente", reza la sentencia. Se refiere al TSJ de Cataluña y, en último término, al alto tribunal español.
Segunda licencia
Hay que recordar que la regulación específica de la VTC en el mercado español pasó a manos de las comunidades autónomas desde el llamado 'decreto Ábalos' aprobado por el Gobierno en el año 2018. En aquel controvertido texto normativo, se establecía que más allá de las autorizaciones nacionales, las regiones debían establecer las condiciones de explotación en un periodo de cuatro años -que era el periodo de compensación que daban a los dueños de las VTC-.
Élite Taxi aplaude también la sentencia y asegura que en Cataluña hay informes que justifican esa segunda licencia, a la que no se opone el TJUE
Algunas regiones como Cataluña establecieron una segunda autorización con la que recortaban de manera muy relevante el número de licencias disponibles, introduciendo límites en la tipología de coche, en la operativa de estas flotas y en otros aspectos. De esta forma, en la práctica, esta licencia 'extra' era una restricción 'de facto' que impedía utilizar esas VTC autorizadas en espacios urbanos -podían ofrecer servicios pero siempre conectando municipios y no dentro de los mismos-.
La decisión final en el TS
Este pronunciamiento llega después del que llevó a cabo el abogado general de la UE Maciej Szpunar durante el pasado mes de diciembre. Atacó el modelo proteccionista del Estado y de algunas comunidades con el taxi frente a la VTC. En sus conclusiones hechas públicas este jueves, insiste en que las limitaciones al número de autorizaciones utilizadas por Uber, Cabify o Bolt con la inclusión de una segunda autorización no están justificadas.
La sentencia se emite después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña presentara una cuestión prejudicial al TJUE para determinar si las restricciones impuestas a la VTC en su competencia con el taxi cumplían con la normativa europea. Aún queda que ofrezca su visión sobre otro 'recurso' presentado por el Tribunal Supremo sobre una cuestión similar, lo que invita a pensar que el parecer será el mismo por parte de los magistrados de Luxemburgo.
Como avanzó La Información, sólo en el Tribunal Supremo se han admitido a trámite más de una treintena de recursos que suman más de 25.000 licencias solicitadas, con especial incidencia en Madrid. Se han admitido un total de 34 reclamaciones por parte de empresas y particulares tras el ‘no’ de los respectivos tribunales de comunidades autónomas. Cabify, a través de su filial principal en España y de Vector Ronda Teleport SL, suma más de 23.000 autorizaciones pedidas.