El trámite de la ley estrella de Sánchez se convierte una carrera de obstáculos
El plazo para presentar enmiendas a la norma eleborada por el Ministerio de Transición Ecológica se ampliará al menos dos semanas.
La futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética es el proyecto estrella del Gobierno de Pedro Sánchez y la herramienta clave para asegurar los fondos europeos para la recuperación de la economía. El Ejecutivo envió a las Cortes el proyecto en mayo, pero la tramitación de la norma, que Vox intentó frenar con una enmienda de devolución que fue rechazada, empieza ahora. Los grupos parlamentarios han acordado nuevas comparecencias de organizaciones y expertos, hasta un total de 15, y más tiempo para presentar enmiendas, que finalizaba esta semana.
La ampliación del plazo para presentar enmiendas a una norma tan importante como polémica será de al menos dos semanas, según las fuentes consultadas en el Gobierno y en los grupos parlamentarios. El acuerdo alcanzado en el Congreso reserva al grupo socialista y al grupo popular el grueso de las designaciones de comparecientes, con cuatro y tres respectivamente. El resto, hasta un total de 15 se repartirán entre Unidas Podemos y Vox -dos designaciones- y el resto de grupos.
La tramitación del proyecto, redactado hasta tres veces, se prevé polémico. El Ministerio de Transición Ecológica ha desarrollado en los últimos meses una intensa actividad normativa que, según algunos colectivos, condiciona la tramitación de la nueva ley y dificulta su mejora vía enmiendas. El ministerio que dirige Ribera ha aprobado en las últimas semanas una larga lista de medidas: Real Decreto Ley 23/2020 para impulsar las energías renovables; proyecto de ley de subastas; metodología de peajes eléctricos;estrategia de autoconsumo; estrategia de descarbonización a largo plazo (ELP); decreto de acceso y conexión y la hoja de ruta del hidrógeno.
Todo bajo el paraguas
Todo se ha hecho bajo el paraguas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), presentado en Bruselas y que, según expertos como Fernando Ferrando (Fundación Renovables), van más allá en sus objetivos que los planteados por la futura Ley de Cambio Climático. Los principales son que España alcance a más tardar en 2050 la neutralidad de emisiones, es decir, que el país solo emita la cantidad de gases de efecto invernadero que sus sumideros son capaces de absorber, y que el sistema eléctrico español sea ese mismo año 100% renovable. Para ello fija una hoja de ruta y pasos intermedios, estableciendo, por ejemplo, que en 2030, las emisiones deberán haberse reducido al menos un 20% con respecto a 1990 y que como mínimo el 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable.
El Gobierno sostiene que con la futura ley, la transición energética movilizará más de 200.000 millones de euros de inversión a lo largo de la década 2021-2030, con un incremento anual de entre 16.500 y 25.700 millones de euros al año del Producto Interior Bruto de España y con un aumento del empleo neto entre 250.000 y 350.000 personas al final del periodo.
La tramitación de la norma será polémica. Grupos como Vox rechazan la idea de que el calentamiento global -que no niegan- esté causado por la acción del hombre. Otros agentes del sector energético consideran insuficientes las acciones que se plantean para los sectores difusos -edificación y transporte-, y critican la escasa iniciativa del Ministerio de Transportes, con una Estrategia de Rehabilitación (ERESEE 2020) que lo fía todo a la electrificación de la edificación en 2050 y un código técnico revisado en 2019 que renuncia a trasponer la directiva europea de edificios de 2018.
Frentes de polémica
El proyecto de ley abre al menos tres frentes de polémica: con la industria del automóvil por la prohibición de vender nuevos coches con motor de combustión a partir de 2040; con las comunidades autónomas por sus competencias en edificación y transporte, los sectores clave para reducir emisiones; y con las empresas que transportan y distribuyen electricidad y gas porque la norma estrecha el control sobre sus operaciones.
Los frentes de polémica no se agotan en el área de las empresas. Para lograr los objetivos de reducción de emisiones previstos -23% de recorte respecto al nivel de 1990- hay que actuar en los llamados sectores difusos, el transporte y la edificación. Son los que generan la mayor parte de las emisiones y sin control. El proyecto prevé zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes.
Hay un problema. España es un país descentralizado en el que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen competencias amplias en urbanismo y transportes. En el pasado, el País Vasco, Cataluña y Baleares han legislado sobre cuestiones medioambientales y de energía yendo incluso más allá que el Gobierno central, entonces en manos del PP. Hubo roces con algunas comunidades autónomas y la historia puede repetirse con Gobiernos de comunidades de distinto signo político.