Vodafone recurre el concurso de telecos de Hacienda y logra paralizar la licitación

Era uno de los grandes contratos públicos del sector de las telecomunicaciones que debían sustanciarse este año. Y, como sucediera con el de Correos el año pasado, ha generado controversia importante. La Agencia Tributaria ha suspendido cautelarmente la licitación del ‘megacontrato’ del servicio de telecomunicaciones valorado en 64 millones de euros. Lo hace después de que Vodafone haya interpuesto un recurso especial alegando que se ha incluido en las condiciones del pliego un planteamiento técnico que podría otorgar una ventaja al que hoy por hoy presta el servicio. Telefónica fue quien ganó el concurso en el año 2018.

El recurso se anunció formalmente el pasado 9 de mayo, según la documentación oficial consultada por La Información. Pero fue a finales de la pasada semana cuando se decidió frenar de manera cautelar el procedimiento de adjudicación, hasta que se resuelva por parte del tribunal administrativo. No se ha fijado ningún plazo para ello. Pero lo que sí que se ha advertido a las operadoras de telecomunicaciones que pueden aspirar a lograr la adjudicación es que se mantiene este lunes como fecha tope para presentar ofertas formales.

Vodafone ha optado por reclamar cambios en la licitación. En el recurso pone en cuestión el planteamiento de lo que se conoce como una oferta integradora entre los cuatro lotes, que son el de las comunicaciones de oficinas y el centro de datos, las comunicaciones unificadas en nube, las móviles y el servicio de envío de mensajes SMS corporativos masivos. Esta modalidad está regulada por la Ley General de contratos. Se permite a las licitadoras presentar ofertas por cada uno de los lotes individualmente y por todos a la vez. La administración tendrá que valorar individualmente cada paquete presentado, ya sea de manera integrada o no, para determinar cuál es la oferta más ventajosa.

Entiende que esta fórmula podría beneficiar a Telefónica, que sigue siendo el prestatario del servicio desde que se adjudicara todos los lotes del contrato en el año 2018. En el informe inicial de la AEAT, ésta justifica la división en paquetes con el objetivo de “favorecer la concurrencia de ofertas” por parte de empresas. Pero la propuesta de adjudicación se efectuaría en favor de esos lotes individuales si la suma ponderada de las puntuaciones es mayor que la resultante de la mejor oferta integradora, “proponiéndose en caso contrario la adjudicación en beneficio de ésta última”. Los pliegos técnicos y las condiciones específicas no se han hecho públicos por motivos de confidencialidad.

Telefónica lleva gestionando todas las comunicaciones de manera conjunta de la Agencia Tributaria desde el año 2012, cuando se quedó con los tres lotes principales del procedimiento abierto. En el anterior, que se celebró en 2006, también logró la luz verde en tres de los cuatro paquetes -sólo uno fue a parar a Informática El Corte Inglés-. En 2018, contrato que se ha ido prorrogando durante los dos últimos años, también fue la encargada de prestar todos los servicios.

En esta ocasión se trata de un jugoso contrato que también implicará una evolución tecnológica importante para la propia Hacienda. Se van a incrementar la velocidad de acceso y los caudales de dos centros de datos, tanto en la conexión con las oficinas como con internet. Se van a incluir las comunicaciones para un nuevo centro como tercera copia de los datos, además de sustituir toda la infraestructura y red de telefonía IP. Se modernizará la infraestructura de ‘contact center’ para atención al contribuyente y se van a contratar 5.000 nuevas líneas móviles de datos para dar cobertura al teletetrabajo de los funcionarios.

El caso de Correos como antecedente

El montante es especialmente relevante, pues roza los 65 millones de euros con impuestos incluidos por un plazo de cuatro años. Y esto lo hace uno de los más destacados de los que se van a firmar este año y de los últimos años en lo que al segmento de telecomunicaciones se refiere. La pugna en el área de administraciones públicas se ha intensificado en este mercado entre los diferentes operadores, con un área residencial especialmente competida. Por tamaño es muy similar al que se firmó recientemente por Correos, después de que se desatara una controversia también con otro rival.

En ese caso, la empresa pública postal anuló el año pasado el procedimiento ‘in extremis’ en una decisión llamativa. Orange había presentado un recurso después de haber sido expulsada del concurso. El organismo optó por adjudicar a Telefónica sin haber resuelto la queja formal. Ésta fue estudiada y se dio la razón a la teleco francesa, por lo que se optó por no formalizar el contrato e iniciarlo de nuevo. El pasado mes de noviembre volvió a adjudicar a la dueña de Movistar el contrato con una cuantía sensiblemente inferior a la original de 47 millones de euros.

Este batalla lanzada ahora por Vodafone no es la única que ha tenido lugar en los últimos dos años. La operadora, en manos del fondo británico Zegona desde finales de este mes de mayo, recurrió la adjudicación del Ministerio de Defensa a Telefónica por casi 34 millones de euros la creación e implementación del Centro de desarrollo, adiestramiento y pruebas para operaciones militares en ciberdefensa con tecnología 5G. En la vía administrativa perdió. Y anunció que presentaría un recurso ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. El pronunciamiento de los jueces está aún pendiente.