El Gobierno intervendrá el mercado de los alquileres y bajará los precios por ley
Tras muchas tensiones y un retraso acumulado desde enero, la primera Ley de Vivienda estatal está cerca de ser una realidad. PSOE y Unidas Podemos han desbloqueado la puesta en marcha de una legislación que ha marcada su relación política desde que acordaron gobernar en coalición. En la misma se ha incluido la polémica intervención del mercado del alquiler, que llevará a que se bajen precios por ley en zonas tensionadas, como han confirmado fuentes de Unidas Podemos a La Información. Una medida que afectará a los grandes propietarios, definidos como aquellos que tienen más de diez viviendas, y a los que una norma obligará a reducir el precio del arrendamiento que cobran a sus inquilinos. Pero que estará sujeta a lo que decidan los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que son los que tienen las competencias. El pacto por esta norma va acompañada de un acuerdo para aprobar el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, que fue adelantado por fuentes de Moncloa minutos antes.
La futura legislación incluye detalles que formaban parte de las grandes demandas de la confluencia morada que lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La regulación de los alquileres se llevará a cabo usando el índice de referencia que elaboró el Ministerio de Transportes, del que se extraerán las zonas de precios tensionadas. Esta rebaja afectará a todos los contratos de arrendamiento que existan esos puntos, señalan fuentes de UP. Además, se ha acordado la retirada de los privilegios fiscales para aquellos que tengan en propiedad diez viviendas o más.
También habrá novedades para los pequeños propietarios, que serán los que tengan menos de diez viviendas. En este caso, la norma establecerá una congelación de los precios en las propiedades que tengan alquiladas. La diferencia con los grandes caseros es que a estos sí se les ofrecerán incentivos fiscales para que rebajen el coste del piso a sus inquilinos. La clave estará en ese baremo impulsado en 2018 por la cartera que dirige ahora la ministra Raquel Sánchez. Para el mismo, se usaron datos de la Agencia Tributaria y del Catastro. Con esa información se clasificó qué puntos de cada ciudad tenían los alquileres más altos. El hándicap es que el índice no está actualizado, ya que la información es previa al año de la pandemia.
IBI del 150% para viviendas vacías
Otras partes del articulado de la norma están vinculadas a la fiscalidad. La mayor novedad está en el recargo especial sobre las viviendas vacías, por el que se permitirá a los ayuntamientos subir el IBI hasta un 150%. Esto supone que se cree de facto el conocido como "impuesto a la vivienda vacía", que era una demanda de los morados desde su nacimiento. Los parques públicos de vivienda recibirán un impulso con el nuevo marco. La apuesta implicará que se reserven el 30% de todas las promociones para vivienda protegida. La mitad de ese porcentaje deberá destinarse a alquiler social, apuntan las mismas fuentes de UP.
Tanto en lo del IBI como en el control de precios, la última palabra la tendrán las comunidades autónomas y los consistorios. Las competencias de vivienda están transferidas a ambas administraciones, por lo que son las encargadas de definir las políticas de vivienda que rigen en sus territorios. La nueva norma les permitirá renovar o adaptar sus estrategias en la materia. Es decir, les habilitará para ello. Pero no habrá obligación de cumplir a rajatabla las medidas que se integrarán en la legislación de carácter estatal.
El desbloqueo de esta ley ha sido la clave para sacar adelante las cuentas públicas en los plazos que pretendía Pedro Sánchez. El primer paso ha llegado con ocho meses de retraso, ya que el pacto al que llegaron el presidente del Gobierno y su entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, contemplaba que la legislación estatal fuera una realidad antes de febrero de 2021. En ese documento sellado por socialistas y morados se incluyó la limitación de precios que UP ha abanderado desde sus inicios. Y que es lo que ha motivado el bloqueo de estas semanas de los nuevos PGE, como confirmaron fuentes de la confluencia a este diario.
La insistencia de Unidas Podemos en incorporar a la norma la intervención del mercado del alquiler era la condición clave junto al tipo mínimo del impuesto de Sociedades que se ha pactado. Está por ver cómo queda la redacción final de la que será la primera legislación a nivel nacional en materia de vivienda, objetivo que formaba parte del programa de gobierno conjunto de los socios de la coalición. Lo que sí está claro es que el lado socialista ha cedido en sus pretensiones en las últimas horas, dado que las posiciones estaban "muy alejadas" por la cuestión de los arrendamientos.