Hacienda venderá directamente su joya inmobiliaria tras el fracaso de la subasta
El gran plan de enajenaciones que prepara el Ministerio de Hacienda para adelgazar la cartera de activos públicos podrá estar precedido de la que sería una de las mayores ventas ejecutadas desde el Estado. El Gobierno ha decidido dar un giro en su estrategia sobre el edificio situado en María de Molina, 50, la gran joya inmobiliaria que está en manos de la Dirección General de Patrimonio, y que casi dos años después aún no ha logrado colocar a ninguna firma especializada. Tras el fracaso de la subasta que se puso en marcha y la rebaja del precio del inmueble hasta los 185 millones de euros, el departamento que lidera María Jesús Montero ha optado por utilizar la fórmula de la venta directa. A lo que se suma que se ha puesto una fecha límite para conseguirlo: el próximo 22 de diciembre.
Este giro para desprenderse de lo que se considera un "caramelo" en el sector está reflejado en el portal destinado a la venta inmobiliaria de la Gestión Patrimonial del Estado. Como destaca este departamento, el sistema de venta directa puede producirse cuando un bien ha salido a concurso o subasta y esta ha quedado desierta. Esto es lo que ocurrió a finales de 2020, cuando precisamente el 22 de diciembre de ese año se concretó el fracaso del proceso de adjudicación. Ni siquiera funcionó como reclamo la rebaja en el precio de salida, que de los 196 millones de 2019 cayó a los 185 millones que aún mantiene. Un recorte de 11 millones que se explica con el impacto del coronavirus en el mercado, como ya publicó este diario.
El atractivo de María de Molina, 50 es incontestable por varios motivos. El primero es su localización, al estar situado en pleno corazón del distrito de Salamanca. Exactamente, en la misma manzana que ocupan las calles Núñez de Balboa, General Oraá y Castelló. Además, al edificio se puede llegar desde las líneas de metro de Gregorio Marañón y Avenida de América, dos de las más concurridas en la capital. Una zona privilegiada donde los activos de este tipo escasean, al estar en manos de grandes empresas o de fondos que los destinan a los ámbitos laboral y residencial.
Otro punto a su favor es su tamaño y la distribución de sus recursos. Para empezar, dispone de 45.937 metros cuadrados, de los que algo más de 44.000 corresponden a las oficinas, las zonas comunes y los accesos. Los otros 1.527 metros cuadrados son de la planta de cubierta del núcleo central. A esto hay que sumar casi 400 plazas de garaje, algo que escasea en la zona, un local comercial de 1.431 metros cuadrados y hasta siete trasteros. Unas características que sobre el papel son envidiables. Pero con las que no se logró seducir al sector para que hiciera pujas en la subasta fallida.
Para lograr poner fin a la historia de María de Molina, 50, dentro de la cartera de activos que gestiona la Dirección General de Patrimonio, el Ministerio cuenta con un margen de menos de dos meses. Ese 22 de diciembre marcado en rojo será el día en el que la Delegación de Economía y Hacienda madrileña, situada en la Calle Guzmán el Bueno, dejará de admitir solicitudes. Los interesados tienen a su disposición la información complementaria que precisen. El requisito que deberán cumplir para formalizar la compra será el de abonar una fianza de 9,25 millones. Por el momento, se desconoce en qué fecha se comenzaran a abrir los sobres de las compañías que quieran aprovechar la venta directa.
De tener éxito en este nuevo intento, Montero se anotaría en su gestión haber realizado la mayor operación inmobiliaria del Estado de la que se tiene constancia. Incluso estaría a mucha distancia de otras que ya fueron muy sonadas. Por ejemplo, la que más ingresos reportó a la caja estatal fue la del aparcamiento de la calle Raimundo Fernández Villaverde, en la zona de Nuevos Ministerios. Por esta enajenación, El Corte Inglés desembolsó 135 millones a la gestora ferroviaria, Adif. Otras, como la venta de los estudios Luis Buñuel de RTVE o de la antigua sede de ls CNMV, se cerraron por 35,2 y 40 millones respectivamente.
La ejecución final de la operación se irá de esta manera a 2022, quedando fuera de las previsiones de enajenaciones para este año que maneja la cartera ministerial. Como recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el objetivo es desprenderse de 334 propiedades que reportarán unos ingresos de 110 millones de euros. Una cifra conservadora debido a que, como señala el propio departamento de Montero, los efectos del coronavirus siguen latentes. A esto se sumará la puesta en valor de otros 546 inmuebles, lo que será el primer paso para ofrecerlos en el mercado.
El momento clave para la estrategia de aumentar los ingresos por la vía del patrimonio estatal ocurrirá en 2022. El año próximo será el del inicio del gran Plan de venta de inmuebles que ya está diseñando Hacienda, del que ya informó este medio. Esta iniciativa se extenderá hasta 2030, y será la primera que se realice desde la que impulsó el Ejecutivo de Mariano Rajoy entre 2013 y 2015. Un momento en el que la crisis económica le acuciaba a encontrar todas las fuentes de liquidez posibles. La situación actual no es la misma de entonces, pero Montero y Patrimoniot tienen decidido reducir un ‘portfolio’ que cuenta con más de 19.000 activos inmobiliarios.