La socimi de los Castel le gana el pulso a Hacienda en un pleito de 7,9 millones
Victoria definitiva de una de las grandes socimis que cotizan en el BME Growth frente a las reclamaciones fiscales de la Agencia Tributaria. Zambal Spain, el vehículo inmobiliario que pertenece a la familia bodeguera francesa Castel, ha recuperado 7,9 millones de euros de un tributo que le exigió el departamento adscrito al Ministerio de Hacienda. Un conflicto que está relacionado con el régimen fiscal del que disfrutan estas firmas especializadas, por el que están sujetas a un 0% en el impuesto de Sociedades. Con lo que se pone fin a un conflicto que comenzó en 2013.
La compañía gestionada por IBA Capital Partners ha comunicado recientemente al mercado que ha ganado este pulso a la Hacienda pública, que le permitirá incluir en su balance un 'extra' proveniente de la AEAT. Como señala en dicho aviso, esos 7,9 millones son un "importe neto" que han recibido "en relación a una reclamación interpuesta por la Sociedad en el año 2013". Ese año en el que Zambal hizo esa reclamación a la cartera que entonces dirigía Cristóbal Montoro tiene especial importancia. Fue justo en ese ejercicio en el que comunicó que utilizaría la figura jurídica que aún ostenta.
Esta discrepancia con Hacienda tiene que ver con esas deducciones a las que tiene derecho cuando pasa a formar parte del régimen socimi. La más importante es el beneficio fiscal del 0% en Sociedades, del que disfrutan si mantienen la actividad de arrendamiento de inmuebles durante tres años. También cuentan con otra gran bonificación del 95%, la cual corresponde al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Una ventaja que se explica con su labor de adquisición de viviendas para el alquiler y de terrenos para promover activos con el mismo fin. Además, disponen del gravamen especial del 19% en Sociedades sobre el importe íntegro del dividendo que se distribuye entre los socios.
Las diferencias de criterio sobre esos beneficios fiscales son los que abrieron esa brecha entre la AEAT y el vehículo controlado por la familia bodeguera. La firma comenzó a aplicar en su balance las bonificaciones y deducciones que le permite la Ley 11/2009 desde el 26 de diciembre de 2013, cuando se constituyó y comunicó a la Delegación de Hacienda correspondiente que se acogería a ese régimen fiscal especial. En las oficinas del Fisco no acabaron de encajar las declaraciones remitidas por la sociedad. A partir de ahí se abrió este conflicto por el tributo de casi 8 millones ya reintegrado.
Aun así, el intercambio de información entre Zambal y la Hacienda pública se mantiene constante. El motivo es que, a cierre de 2020, aún tiene abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios que presentó. La firma considera que ha aplicado "adecuadamente" todas las liquidaciones de impuestos que la legislación le permite deducirse. Es el caso de los gastos financieros netos, que son deducibles hasta el 30% del beneficio operativo o de hasta un millón si se supera ese porcentaje. Si la Agencia Tributaria reclamara ciertas cantidades por una mala ejecución de las deducciones, la compañía asegura que "no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas".
Compras canceladas este año
Los activos de los que dispone Zambal le permiten ser la casera de importantes administraciones. Es lo que ocurre en las Torres Ágora, en Madrid, en las que se alojan buena parte de las oficinas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, es la dueña de varias oficinas en las que se desempeñan distintos departamentos de la Comunidad de Madrid. También arrienda las instalaciones de BMW, en la Avenida de Burgos; las de Vodafone, en Avenida de América; las de Naturgy, en la Avenida de San Luis, y las de Unidad Editorial, en la misma calle que la empresa energética. Actualmente, es la quinta en tamaño de las que cotizan en el BME, con un valor superior a los 781 millones de euros.
El vehículo fue noticia en las últimas por echarse atrás en una operación que habría sido de las más destacadas del año. El pasado mayo decidieron cancelar la compra de la vieja sede de Isban, una de las filiales del Banco Santander, por la que iba a desembolsar cerca de 36 millones de euros. Esto llevó a que reembolsara el crédito de 38 millones que recibió de sus accionistas para adquirir ese activo, que habría sido el decimo cuarto para su cartera. Un paso que, según señalaron, no suponía un cambio de estrategia o un paso atrás en sus planes en el mercado español.