Reforma de las pensiones de Macron: el riesgo francés 'tapado' de los mercados

El Gobierno de Emmanuel Macron se ha propuesto revisar el sistema de pensiones del país, uno de los más amplios de Europa. Las propuestas anuncian un periodo de interrupciones, ya que los sindicatos prometen huelgas para impugnar la equidad y la necesidad de la reforma. A pesar de su importancia para la economía francesa, los inversores globales ven pocas probabilidades de que provoque una reacción duradera de los mercados.

El Gobierno francés calcula que las reformas generarán 12.000 millones de euros de nuevos ingresos en 2027. Sin una revisión, se prevé una carga adicional de la deuda pública de 500.000 millones de euros en 25 años, equivalente a casi una quinta parte del PIB nominal de Francia en 2022.

El plan, presentado por la primera ministra Elisabeth Borne el 10 de enero, pretende aumentar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años de aquí a finales de la década. La nueva propuesta aumentaría la edad a la que un trabajador tiene derecho a una pensión pública completa en tres meses cada año a partir de septiembre de 2023 y hasta 2030.

El Gobierno de Macron considera que el sistema de pensiones francés necesita una revisión a fondo. El ministro de Presupuesto, Gabriel Attal, argumentó que la reforma no se reduce únicamente a cambiar la edad de jubilación, sino que también es necesario aumentar el valor de las pensiones estatales más bajas para que alcancen el equivalente al 85% del salario mínimo mensual del país.

“El envejecimiento de la población, común a todas las economías avanzadas, se ve agravado por una proporción relativamente baja de personas de 55 a 64 años en el mercado laboral francés”, comenta Stéphane Monier, director de inversiones en Lombard Odier. “Sólo el 60% de la población de esta franja de edad está empleada, frente al 74% en Alemania y el 67% en el Reino Unido. Cualquier aumento de la tasa de participación de esta generación, y de las cotizaciones a la pensión, aliviaría la carga de pago de los trabajadores más jóvenes”, añade.

Las reformas también proponen ampliar el requisito de cotización de los trabajadores para tener derecho a una pensión estatal completa de 41,3 a 43 años antes de 2027, acelerando una reforma de 2014 bajo el mandato del expresidente François Hollande. A cambio, el Gobierno propone elevar la pensión mínima a 1.200 euros al mes en 2023, frente a los 950 euros actuales, al tiempo que mantiene las exenciones de algunas profesiones físicamente exigentes.

Francia tiene, con 62 años, la edad legal de jubilación más baja de la Unión Europea. No obstante, la edad "habitual" de jubilación en Francia es de 63,5 años tras una carrera profesional iniciada a los 22 años, según datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Esta cifra coincide con la media de la UE (63,5 años para mujeres y 64,3 en hombres), frente a los 62 años de Italia, los 65 de España y los 65,7 de Alemania.

La deuda pública francesa en porcentaje del producto interior bruto es la quinta más alta de la UE, con un 138%, y similar al 143% de España (y el Reino Unido). Esta cifra es superior al 90% de media de la OCDE y al 77% de Alemania. El gasto público francés, que abarca la sanidad, los servicios sociales y las pensiones, sigue siendo el más elevado de la OCDE, con más del 61% del PIB en 2020. Esperamos que la economía del país crezca un 0,3% en 2023, frente al 0,2% de la zona euro.

El impacto directo

“La reforma de las pensiones se ha convertido en algo parecido a un tabú político en Francia y los esfuerzos por cambiarla han tenido dificultades históricas”, dice Monier. Algunas encuestas estiman que hasta tres quintas partes de la población está en contra de aumentar la edad de jubilación y los sindicatos han cuestionado los cálculos del Gobierno y la necesidad de reformas. “Sostienen que las reformas de 2014, en vigor desde 2020, equilibrarán el sistema en 2040 al aumentar hasta 43 años la cotización para la jubilación de las personas nacidas después de 1972”, agrega el experto.

“Si bien los cálculos del déficit del Gobierno francés se basan en el largo plazo, no vemos riesgo de solvencia a medio plazo. Los inversores siguen centrados en la política monetaria de los bancos centrales y las referencias de los responsables políticos son el principal motor del mercado. Si los pasados esfuerzos de reforma de Francia, y el malestar social que los acompañó, sirven de guía, los cambios en el gasto nacional en pensiones no afectarán a los mercados financieros”, analiza el experto de Lombard.

El diferencial entre la deuda pública francesa y alemana a 10 años se ha mantenido relativamente estable durante la última década. Las OAT (Obligations Assimilables du Trésor) soberanas francesas tienen actualmente una prima de unos 50 puntos básicos, el 2,55%, frente a sus equivalentes alemanes.

“En general, las perspectivas son complicadas para la deuda soberana europea. El gasto público y la reducción gradual del programa de compra de activos del Banco Central Europeo están impulsando la oferta de deuda soberana, mientras que los tipos de interés seguirán subiendo en los próximos meses”, comenta.

En este entorno, a su modo de ver, prefieren los bonos del Tesoro estadounidense y el crédito con grado de inversión. “En cuanto a la renta variable, mantenemos la cautela sobre las empresas europeas, a pesar de que las valoraciones han caído por debajo de sus medias a largo plazo, dadas las nuevas rebajas de beneficios previstas. Por último, observamos que el euro ha registrado un comportamiento más fuerte recientemente, a medida que se estabilizan los datos manufactureros, y en medio de un invierno suave y unos precios de la energía más bajos”, asegura.