La Fiscalía de Guadalajara ha elevado a definitiva su petición de pena de 30 años de prisión para el vecino de Azuqueca de Henares (Guadalajara) acusado de matar a su mujer el 28 de diciembre de 2017, en el baño de la casa y con los tres hijos menores en la vivienda, por entender que la víctima "murió degollada" a manos de su marido y sin tener posibilidad de defenderse.

La acusación particular en la causa que juzga desde este miércoles en Guadalajara a un vecino de Azuqueca de Henares por degollar, en diciembre de 2017 y tras una fuerte discusión, a su mujer de 37 años de edad en el baño de la vivienda familiar y en presencia de sus hijos, ha pedido para el procesado una pena de 33 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía, mientras que la defensa ha solicitado su libre absolución.

La ONG DiDeSUR ha denunciado el cierre "arbitrario, sin escuchar y sin dar explicaciones ni alternativas" de su tienda en Azuqueca de Henares (Guadalajara) después de 15 años operando dentro del sector de comercio justo, un extremo que llega después de que el Ayuntamiento haya decidido no renovarles la cesión del local. Mientras, la coordinadora de esta ONG, Teresa Luengo, ha achacado la no renovación de cesión al hecho de que el pasado mes de septiembre fue desestimada una demanda del alcalde, José Luis Blanco, contra ella misma y el actual consejero de Desarrollo Sostenible del Gobierno autonómico, José Luis Escudero; y el Consistorio ha recordado, en boca de su concejal de Desarrollo Saludable, Charo Martín, que ya se ha ofrecido una alternativa de espacio a esta asociación.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Guadalajara ha condenado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al pago de las costas, hasta un máximo de 2.000 euros, por entender que en la expulsión de un menor de un instituto público de Azuqueca (Guadalajara) en verano de 2018 se vulneró el derecho de defensa que asistía al alumno al omitirle del trámite de audiencia previo al que tenía derecho.

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