Comienza el juicio a 16 activistas de Greenpeace y un fotoperiodista por la protesta en la central de Cofrentes; se piden hasta dos años y ocho meses de cárcel.
La acusación la ejercen el Ministerio Fiscal, Iberdrola como empresa propietaria de la central nuclear y los guardias jurados del recinto.
Iberdrola dice que el objeto del juicio "no es un debate medioambiental, sino unos hechos constitutivos de delitos por desórdenes públicos, lesiones y daños".