Portugal sigue a España, e Italia y Grecia parecen "quedarse atrás".
En España, las medidas han afectado a la liberalización de los servicios, los pagos tardíos, el sistema judicial, al sector de las telecomunicaciones y al de la energía.
Para la Comisión, la reforma en los servicios profesionales y asociaciones sigue retrasada, mientras que en ámbitos como el judicial continúa en fase inicial.