• La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Laura Camargo, ha anunciado este martes que propondrán que el presidente del PP balear, Biel Company, comparezca en la comisión de investigación de financiación ilegal del PP en el Congreso "para explicar por qué su partido no quiere devolver los 153.000 euros que ya quedó demostrado que se utilizaron para la financiación ilegal de su campaña electoral" del año 2007.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, durante una comparecencia en rueda de prensa, en una imagen de archivo.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, en una conferencia.
  • El informe de la Fiscalía califica los hechos como delitos de malversación, cohecho, falsedad, delito electoral, prevaricación y blanqueo.
  • El juez Eloy Velasco apunta a los gastos de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008.
  • Existen evidencias de que determinados empresarios, entre los que cita a Arturo Fernández, ingresaron en 2007 "importantes cantidades de dinero".
  • A cambio se les adjudicaron contratos relacionados con la Asamblea de Madrid.
  • Por otro lado, la UCO cree que el grupo popular en la Asamblea desvió 1,7 millones de su presupuesto al PP de Madrid para los gastos de las autonómicas de 2007.
  • El portavoz de Compromís en las Corts, Fran Ferri, ha lamentado este jueves tras conocerse que nueve empresarios han admitido haber financiado ilegalmente al PPCV que esto pone de manifiesto que los gobiernos del PP "firmaban contratos leoninos que costaban mucho dinero a los valencianos en forma de sobrecostes para que luego estos empresarios beneficiados financiaran ilegalmente al PP".
  • El empresario del Grupo Savia Gerocentros del Mediterráneo, Vicente Cotino, ha negado este lunes que sus empresas hayan financiado ilegalmente al PP "ni a ningún otro partido", al tiempo que ha asegurado que no recibió "ningún trato de favor" en la adjudicación de las residencias porque se hizo mediante un concurso publico al que acudieron "las empresas que sí quisieron estar".
Alfonso Novo, imputado en la operación Taula, tras declarar en la comandancia de la Guardia Civil de Valencia.
  • El juez trata de determinar si también hubo delito electoral.
  • Las nuevas pesquisas se centran en el origen de los 50.000 euros supuestamente blanqueados.
  • Pide al Tribunal de Cuentas y al Ayuntamiento de Valencia que informen sobre el control de una cuenta abierta a nombre del grupo popular.
  • En la pieza separada hay 47 personas investigadas (ediles, exconcejales, asesores y exasesores) además del PP como persona jurídica.

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