La Ley de Arrendamientos Urbanos obliga al casero a correr con una serie de gastos de reparaciones, mantenimiento o sustitución de la vivienda alquilada.
La crisis de la vivienda ha endurecido los criterios de los propietarios para alquilar sus viviendas, por lo que la solvencia económica de los inquilinos tiene que ser cada vez más demostrable.