La madre y el padrastro obligaban a su hija a casarse por el rito gitano, después de que hubiera sido forzada a casarse otras dos veces con anterioridad en Rumanía.
La primera vez que la obligaron contaba con tan solo 12 años.
Cuando era repudiada, volvía al domicilio paterno y los progenitores volvían a concertar un matrimonio a cambio de otra dote.
La menor ya tiene un hijo, fruto de su segundo matrimonio.
Fue la propia familia de la niña de tan solo ocho años la que se la entregó al hombre que la violó como esposa para deshacerse de ella y no tener que mantenerla.
Las autoridades yemeníes ya se han pronunciado y rechazan abrir una investigación por la muerte de la menor.
Este suceso no es aislado: en Yemen muchas familias obligan a casarse a sus hijas cuando son unas niñas para no mantenerlas y ganar dinero.
Todos los detenidos realizaban los enlaces a cambio de una remuneración económica de unos 13.000 euros.
Los matrimonios se realizaban en juzgados de Paz de localidades de Madrid y Toledo entre ciudadanos egipcios en situación irregular y ciudadanas españolas.
Con estos arrestos, el número total de detenidos en el marco de la 'operación Faraón' asciende a 157 desde 2015.
La Policía Nacional ha desmantelado una trama de matrimonios de conveniencia en Almería entre ciudadanos comunitarios y extracomunitarios en una operación que se ha saldado con la detención de seis personas y 33 investigados cuyo objetivo era solicitar el permiso de residencia de familiar comunitario de la Unión Europea para extranjero en situación administrativa irregular.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 36 personas por concertar matrimonios de conveniencia para regularizar la situación de ciudadanos de nacionalidad marroquí, que pagaban entre 5.000 y 8.000 euros para obtener el permiso de residencia. También se ha imputado por el delito de favorecimiento de la inmigración clandestina a otras 271 personas.
Mujeres españolas recibían hasta 4.000 euros por casarse con nigerianos para regularizar su situación al contraer matrimonio con una ciudadana comunitaria.
Los inmigrantes pagaban entre 6.000 y 10.000 euros a la banda criminal.
Si alguno de los nigerianos no hablaba español, era suplantado en el Registro Civil por otro inmigrante que se le pareciera y sí hablara el idioma.
Los agentes se percataron de que en la mayoría de documentos coincidían tres domicilios de Valencia como lugar de empadronamiento.