El Alto Tribunal admite así el recurso que interpuso Mutua Madrileña contra la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que fijó esa cuantía.
Señala que Ramírez Pomatta cometió un "abuso de derecho" al dimitir dos días antes de que la Junta General de Mutualistas revocase esas indemnizaciones.
La sentencia añade que no tiene derecho a cobrarla porque su conducta fue "contraria a las exigencias de la buena fe y socialmente reprobable".
Pomatta reclamó inicialmente 21 millones de pensión, pero su demanda fue denegada por un Juzgado de lo mercantil de Madrid en septiembre de 2010.