El ministro Catalá considera que es una medida constitucional y apuesta por ampliarla.
Asegura que no se trata de "oportunismo" ni de "legislar en caliente", sino de "estar al lado de las víctimas" y de atender las preocupaciones de los ciudadanos.
El ministro de Justicia ha afirmado que será una vez el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dicte auto de procesamiento por rebelión.
También ha dicho que la ley de Enjuiciamiento Criminal establece que si hay delito de rebelión, los procesados "se sacan de ejercer actividades políticas".
El ministro de Justicia español cree que la lista se ha quedado obsoleta y ha dicho que pedirá una "reflexión", aunque lo desvincula del caso Puigdemont.
La comisaria de Justicia, Vera Jourova, asegura que no se plantean hacer cambios y que hace poco difundieron un manual de uso de esta herramienta.
"En la Europa actual estar en Bruselas o en Madrid no es una gran diferencia a efectos de cumplir lo que un tribunal pueda exigir", dice el ministro de Justicia.
"No me imagino que el Gobierno tenga que pedir su extradición", añadió.