El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de Renta Social Básica, que según ha estimado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, beneficiará a unas 14.000 familias. Este texto será remitido de inmediato a las Cortes autonómicas y el Ejecutivo espera que entre en vigor antes de que finalice el año.
La diputada autonómica del PP, Ana Marín, ha afirmado este viernes que el proyecto de Ley de Renta Básica no regula medidas de inclusión ni "nada nuevo". Ha interpelado a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, en la sesión plenaria de las Cortes.
La Junta de Extremadura espera pagar la Renta Básica correspondiente al mes de enero "en los primeros días de esta semana", con lo de esta forma se recortaría el plazo previsto, después de que la semana pasada se anunciara que se abonaría hacia el 20 de febrero.
El coordinador del Grupo Popular en la Comisión de Sanidad y Políticas Sociales de la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha exigido al consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, que se deje de "excusas" de "ingeniería presupuestaria" y aplique "ya" la "ingeniería social" para pagar la Renta Básica a los perceptores de la misma en la región.
El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha anunciado que el pago de la Renta Básica correspondiente al mes de enero, que se debería haber pagado este pasado miércoles, día 10, se va a retrasar entre siete y diez días.
La diputada del PP, Ana Marín, ha rechazado este martes el proyecto de ley de creación de la renta social básica por considerar que la renta de inclusión y la complementaria --que contempla-- equivalen a ayudas de "beneficencia" y no contribuyen a insertar a las personas desfavorecidas, que necesitan trabajo. Ha opinado que es "una chapuza".
El pleno del Consejo Aragonés de Servicios Sociales ha emitido un informe favorable, sin ningún voto en contra, al anteproyecto de Ley de Renta Social Básica presentado por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de la Comunidad.
El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este jueves una moción defendida por Chunta Aragonesista (CHA) por la que el consistorio apoya la Iniciativa Legislativa Popular puesta en marcha para establecer una prestación de ingresos mínimos, así como han solicitado al Ejecutivo autonómico que agilice la puesta en marcha de la renta social básica en la Comunidad.
El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración el Anteproyecto de Ley de Renta Social Básica, una norma que pretende dar respuesta a las nuevas desigualdades y perfiles de pobreza surgidos de la crisis económica. La norma establece dos modelos de ayudas, en función de la procedencia de los ingresos de la unidad de convivencia, y beneficiará a 15.000 aragoneses.
Un total de 19.440 extremeños están cobrando o han cobrado la Renta Básica de Inserción desde que se aprobara la ley que la regula en 2013, según los datos actualizados a enero de 2016 por la Junta de Extremadura, publicados en su portal de transparencia.
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha asegurado que presentarán "de manera inmediata, lo antes posible" el proyecto de ley de renta social básica en las Cortes autonómicas para su debate.
La eliminación del Consejo Consultivo de Extremadura, la elección de la directora general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma), la modificación del Estatuto de los Cargos Públicos o la Renta Básica son algunos de los asuntos que se abordarán en el pleno de la Asamblea de Extremadura que se celebra este jueves.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector de la Región de Murcia (EAPN), Diego Cruzado, ha asegurado esta mañana en la Asamblea Regional que quieren que la Renta Básica de Inserción abarque entre el 75 y el 80 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha manifestado su "no conformidad" respecto a la tramitación de la propuesta de ley de modificación de la Ley por la que se regula la Renta Básica de Inserción, formulada por el grupo parlamentario Podemos Extremadura.
La Junta de Extremadura ha gastado "hasta este momento" 16,1 millones de euros en los expedientes de solicitud de Renta Básica "finalizados" en la comunidad.