Desde hace meses, y por culpa de la crisis, hablamos de la dación en pago. Se trata de la posibilidad de saldar la hipoteca, de darla por pagada, con solo entregar el piso al banco que nos prestó el dinero.

Asociaciones de usuarios y consumidores vienen exigiendo que el Gobierno asuma esta posibilidad, y deje así de ocurrir que una vez desahuciada una familia aún le deba dinero a la entidad financiera.

Lo cierto es que, en teoría, la actual Ley Hipotecaria ya admite esa posibilidad, la dación en pago; otra cosa es que no se utilize. A eso se ha referido la CECA, la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Proponen exenciones fiscales para que la hipoteca quede saldada con la entrega del piso, pero según el modelo que ya recoge la ley.

La CECA se opone a modificar la Ley Hipotecaria para establecer un modelo hipotecario basado en la dación en pago como única vía para saldar la deuda. Las cajas consideran que lo que piden colectivos como el 15-M no beneficiaría a prácticamente nadie.

En su opinión significaría más morosidad (hasta el 8%) y mayores riesgos para las entidades, que endurecerían aún más las condiciones de acceso al crédito, y, al final, llevaría a una menor concesión de créditos.

La organización recuerda que la Ley Hipotecaria ya admite en su artículo 140 la posibilidad de que el propietario de una vivienda salde su deuda con la entrega del inmueble si así lo ha acordado previamente con su entidad financiera, aunque admite que el uso de esta opción es prácticamente nulo, en tanto que el coste del préstamo es mayor.

Todo ello aparece en el informe que la organización entregó durante la comparecencia de su director general, José María Méndez, ante la subcomisión del Congreso en la que se ha debatido la reforma de la Ley Hipotecaria el pasado 21 de septiembre, cuyas actas se conocen ahora.

En dicho estudio, la CECA considera que sería en todo caso "más práctico" incentivar el uso de esta opción explicitada en la ley vigente mediante incentivos fiscales, como la extensión a las hipotecas de la exención de tributación por actos Jurídicos Documentados (AJD) de la que disfrutan las escrituras de novación y subrogación de préstamos hipotecarios.