La Cámara canaria pide al Estado que la regulación hipotecaria incluya la figura de la dación en pago

El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) en la que la Cámara insta al Ejecutivo autonómico para que requiera del Gobierno del Estado que promueve en las Cortes Generales la modificación de la regulación hipotecaria de forma que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda quede liquidada.

Previamente, fue aceptada una enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Popular en aras de instar al Gobierno del Estado a crear con carácter de urgencia para los miles de desahucios ya en ejecución medidas de protección a las familias similares a las vigentes en los países de nuestro entorno, como son la negociación bajo tutela judicial en el aplazamiento del desalojo, el alquiler de la propia vivienda hipotecada o la posibilidad de recompra futura.

El diputado de NC Román Rodríguez, encargado de defender la propuesta, explicó que esta PNL plantea, además, la modificación de la regulación hipotecaria de forma que se incremente la cantidad considerada inembargable en nóminas, retribuciones, pensiones y otros ingresos en el caso de que la vivienda hipotecada sea la residencia habitual y teniendo en cuenta además las cargas familiares de los afectados.

Asimismo, propone que se apruebe una moratoria o se implementen las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria, hasta que se aprueben en las Cortes las modificaciones antes citadas.

En su intervención, Román Rodríguez indicó que con el estallido de la crisis financiera y el aumento del paro, "centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas".

En concreto —añadió— muchas unidades familiares y personas que adquirieron su vivienda en la época de expansión de la burbuja inmobiliaria y del crédito bancario exuberante ahora, porque están en el paro o ha quebrado su negocio, no pueden hacer frente al pago de su hipoteca.

El portavoz del Grupo Mixto detalló que, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en España se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000.

"Según esta misma fuente, en Canarias en los tres últimos años 13.500 familias han perdido su vivienda por este motivo y las previsiones apuntan que en el próximo lustro serán más 28.000 las familias que se verán inmersas en el riesgo de perder su casa", agregó.

Cuando esto sucede, según Rodríguez, "las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda, sino también a una condena financiera de por vida que suele dirigirlos además a la exclusión social y la economía sumergida".

La legislación actual, que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50 por ciento del valor de tasación, en opinión del diputado de NC, "no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios".

"Este hecho —aclaró— se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo".

Por último, Román Rodríguez ha considerado que esta situación va en contra del espíritu del actual marco jurídico, puesto que "el derecho a la vivienda es un mandato constitucional", de ahí la presentación de esta PNL.