El Congreso tramitará la iniciativa popular a favor de la dación en pago en la nueva legislatura

  • La Mesa del Congreso ha ratificado su tramitación.
  • Propone que la entrega del piso sirva para saldar la deuda con el banco.
  • Sus promotores tendrán nueve meses para reunir medio millón de firmas.
Una protesta contra un desahucio en la calle Gran de Sant Andreu de Barcelona.
Una protesta contra un desahucio en la calle Gran de Sant Andreu de Barcelona.
Alejandro garcía / EFE
Una protesta contra un desahucio en la calle Gran de Sant Andreu de Barcelona.

El adelanto de las elecciones impidió que se tramitara la iniciativa popular a favor de la dación en pago. Ahora, en la nueva legislatura, la Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido admitir el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Se trata de la promovida por varias asociaciones catalanas, y propone instaurar la dación en pago para los créditos hipotecarios, es decir, que la entrega de la vivienda sirva para saldar la deuda con el banco.

Este acuerdo, que ratifica el suscrito por la anterior Mesa antes de la elecciones generales, supone que los promotores tendrán nueve meses para recoger las 500.000 firmas necesarias para que el texto llegue al Pleno del Congreso.

Medio millón de firmas

En la anterior legislatura, el órgano de gobierno de la Cámara Baja tuvo que decidir sobre la admisión o no de dos iniciativas surgidas de distintos colectivos de la sociedad civil relativas a la dación en pago y a la creación de un alquiler social adaptado a quienes no pueden afrontar el pago de la hipoteca de su vivienda habitual.

Finamente, la promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca tuvo vía libre para llegar al Congreso y ser debatida.

Cuando los promotores de la iniciativa que se ha calificado recaben el medio millón de firmas que fija la ley y estas sean ratificadas por la Junta Electoral Central, la próxima Mesa del Congreso ordenará la publicación del texto, que deberá ser debatido en el Pleno a más tardar en seis meses. Sus promotores podrán acudir a la Cámara a defender su propuesta.

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