Críticas de los afectados a la 'no propuesta' de la dación en pago

"Una propuesta 'en el aire', limitadísima e inaceptable". El anuncio de este miércoles del ministro de Economía, Luis de Guindos, para "solucionar el problema de los desahucios" fue recibido con críticas generalizadas por parte de asociaciones y plataformas de afectados por las hipotecas.

¿Se instaurará la dación en pago o alguna modalidad legal similar para que los bancos acepten el piso a cambio de cancelar la deuda hipotecaria? No. Según el Gobierno, todo quedará en el ámbito de las recomendaciones. El ministro De Guindos anunció en el Congreso de los Diputados que promoverá entre la banca española un 'Código de Buenas Prácticas voluntario' que permita la dación solo para los casos llamados de exclusión social: aquellas familias con todos sus miembros en paro, sin ingresos y cuya vivienda en ejecución sea su única residencia.

Las sugerencias no acaban ahí: los desalojos de la vivienda se pospondrían hasta dos años, se reducirían los intereses de mora –que llegan incluso al 29% del total del crédito hipotecario– y se establecería la corresponsabilidad en el caso de que la tasación de la vivienda fuera incorrecta; a cambio de estas medidas, se harían públicas aquellas entidades que se adhirieran al código.

Pero para que no todo quede en un mero "incentivo moral", según lo han calificado fuentes del Ejecutivo, las entidades financieras podrían incluir las posibles pérdidas ocasionadas por la dación en pago "como gastos fiscalmente deducibles", es decir, que supondrían un motivo de desgravación para bancos y cajas.

Las propuestas de De Guindos han provocado poco o ningún entusiasmo en los colectivos implicados, a excepción de las entidades financieras. El propio presidente de la Asociación Española de Banca, Miguel Martín, se ha mostrado favorable a la dación en pago "siempre que sea voluntaria" para cada entidad. Este formato ya existe en la legislación actual, recuerdan desde la asociación de usuarios de bancos Adicae. "Ese formato no les ha interesado nunca ni a las entidades ni a los clientes", opina Manuel Pardo, presidente de esta organización. Es por esto que calificó la medida de «papel mojado» que, en todo caso, tendría un alcance muy limitado debido a las rígidas condiciones que impondrían para considerar a los colectivos "con riesgo de exclusión social".

Además, en opinión de Adicae, el Ejecutivo no puede olvidar ni a las 600.000 personas que ya están "expulsadas de sus viviendas" ni los otros 160.000 casos que actualmente están en los juzgados, según sus cálculos. Propone un decreto ley "de moratoria hipotecaria" que se aplicaría antes de que el ciudadano fuera desahuciado en un procedimiento de embargo.

Más duros aún son en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que reclaman "menos recomendaciones" y una legislación "que proteja los derechos fundamentales de la ciudadanía", incluso de forma retroactiva. Este organismo va más allá y critica también la intención del Gobierno de favorecer las ejecuciones hipotecarias extrajudiciales, que a su juicio "permiten a las entidades hacerse con la vivienda sin pasar por el juzgado". Por último, la asociación de consumidores Facua cree que la idea del Ejecutivo es "extremadamente tímida".